MADRID.- El Gobierno plantea en el plan de parados de larga duración en el que
está trabajando que se reserve entre un 5% y un 10% de los puestos de
trabajo en las contratas públicas a parados de larga duración (más de un
año en el desempleo).
Así consta en el borrador del Plan
Reincorpora-T que el Gobierno aún
no da por definitivo, pues aún podría sufrir cambios, según han
precisado fuentes del Ministerio de Trabajo.
El
texto plantea que se alcancen acuerdos con los gobiernos y las
administraciones públicas a todos los niveles para incluir cláusulas de
carácter social en los contratos del sector público que garanticen la
contratación de entre un 5% y un 10% de desempleados parados de larga
duración de más de 45 años en los proyectos e iniciativas que lleven a
cabo.
El plan tiene por objetivo reducir durante tres años (2019,
2020 y 2021) la tasa de paro de larga duración sobre la población activa
en 2,2 puntos porcentuales, pasando del 5,8% registrado en el cuarto
trimestre de 2018 al 3,6% en el mismo trimestre de 2021.
El texto
del Real Decreto, que aún está sujeto a modificaciones, apunta que para
lograrlo se fijaría como objetivo cuantitativo que el paro de larga
duración se redujera en 850.000 personas a finales de 2021, con una
población activa de 23,5 millones de personas. Esto supondría una
reducción en términos netos de los parados de larga duración de 481.200
personas con un crecimiento de la población activa de 631.200 personas.
Así,
para alcanzar este objetivo se deberá rebajar la cifra de parados de
larga duración en una media de 150.000 personas al año, por cada uno de
los tres años de vigencia del Plan Reincorpora-T.
Para alcanzar estas
cifras, se deberán atender al menos a 200.000 parados de larga duración
al año y conseguir que hayan tenido al menos una ocupación, por cuenta
ajena o por cuenta propia durante el periodo de vigencia del Plan.
El
real decreto también aboga por poner los medios necesarios para que al
menos un 10% de los parados de larga duración mejoren su empleabilidad
en competencias digitales y para que por lo menos un 15% mejoren sus
competencias básicas.
Respecto al refuerzo de la protección
económica frente al desempleo de los parados de larga duración, el
Gobierno considera que el subsidio para mayores de 52 años va en "buena
dirección" y afectará a cerca de 115.000 desempleados.
Para
prevenir que las personas no caigan en el paro de larga duración, el
texto apunta que hay que atender de forma "inmediata" a las personas
afectadas por despidos colectivos como resultado de los procesos de
reestructuración de las empresas.
"Se trataría de que todos los
trabajadores desvinculados definitivamente de su empresa, de manera
voluntaria o forzosa, como consecuencia de un expediente de regulación
de empleo (ERE) sean asistidos inmediatamente en la búsqueda de una
nueva ocupación mediante un Plan de Recolocación Externa (PREX) llevado a
cabo por una empresa de recolocación autorizada", según apunta el
borrador.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, indicó que en los próximos días el Gobierno
podría aprobar este plan, denominado 'Reincorpora-T', dirigido
especialmente a los mayores de 30 años que "tienen problemas de
inserción o de reinserción en el mercado de trabajo", con bonificaciones
para su contratación y "un plus de apoyo en el caso de que sean
mujeres".
El plan todavía tiene que pasar por la comisión de
secretarios y subsecretarios y por la Comisión de Asuntos Económicos del
Gobierno antes de que se apruebe en Consejo de Ministros.
Valerio
dejó claro que uno de los objetivos principales del Ejecutivo es
apoyar de una manera "muy personalizada" con itinerarios de inserción
para parados de larga duración, "tengan la edad que tengan".
En esta
línea, señaló que, como ya hay un plan de empleo joven, la acción del
Gobierno hará especial hincapié en las personas mayores de 30 años que
tengan problemas de reinserción en el mercado de trabajo.
El plan
contiene medidas ya aprobadas, como las bonificaciones a la contratación
de parados de larga duración o la modificación del subsidio por
desempleo para mayores de 52 años, y otras dirigidas a potenciar la
formación y orientación de los desempleados de larga duración.
Desde
los sindicatos, fuentes de CC.OO. han indicado que el
plan recoge medidas que no son de obligado
cumplimiento para las comunidades autónomas. "Son acciones que pueden
hacer o no las comunidades", lamentan.
CC.OO. ha subrayado que los
sindicatos querían que la cartera común de servicios fuera de obligado
cumplimiento, porque ello supondría que en todas las oficinas públicas
de empleo se tratara a los desempleados por igual, con los mismos
servicios.
Asimismo, el sindicato señala que medidas como la
reserva de puestos de trabajo en las contratas públicas, aunque van en
la buena dirección, requerirían de modificaciones legales.
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