MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, ha dicho
hoy que en opinión de su formación el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de la capital está incumpliendo la normativa sobre el
reparto de competencias, puesto que la Junta de Gobierno se ha encargado
de aprobar los pliegos de condiciones de "cientos de contratos" sin que
el Pleno haya decidido previamente cómo se prestan esos servicios
públicos, tal y como le corresponde por Ley.
El edil ha explicado que según la Ley de Grandes Ciudades (Ley
57/2003) debe ser este órgano el que decida si los servicios se realizan
mediante la gestión directa con empleados municipales u otras formulas
contempladas en la norma, o si se externalizan en empresa privadas, esta
última, "fórmula que el Ayuntamiento ha llevado a cabo masivamente".
Ramos ha añadido que "la separación entre las competencias del Pleno
municipal, del alcalde y de la Junta de Gobierno son fundamentales para
garantizar el buen funcionamiento del Consistorio, máxime cuando en la
composición del Pleno no existe mayoría absoluta y puede tomar
decisiones distintas a las del equipo de Gobierno".
Desde Cambiemos Murcia se ha defendido la remunicipalización de
varios de los servicios externalizados, que, según la formación, "se
prestarían de forma más eficiente de manera directa, ya fueran
gestionados por funcionarios públicos o mediante otras opciones como
empresas de capital público o agencias, dependiendo del servicio".
"Mientras que la gestión de tributos podría ser prestada por
funcionarios, en otros contratos, como la limpieza de colegios, se
podría optar por trabajar con una cooperativa donde el Ayuntamiento
fuera el socio mayoritario, garantizando con esta fórmula mejores
condiciones para las trabajadoras", ha añadido.
Ramos ha advertido, asimismo, que a este hecho hay que sumar "el
bloqueo de todas las comisiones y mesas de trabajo destinadas a
investigar y fiscalizar los servicios externalizados en el Consistorio",
lo que demuestra "la opacidad" con la que actúa el Partido Popular con
el fin de "impedir que las decisiones sean plurales, garantistas y
transparentes".
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