MADRID.- El partido ecologista Equo y la
oenegé Greenpeace han pedido al Gobierno que identifique los pozos
ilegales que existen en España y adopte las medidas necesarias para
proteger los acuíferos.
Equo ha presentado una
pregunta parlamentaria para conocer la "cifra exacta" de pozos ilegales
que existen en España que, según datos "no oficiales del propio
Ministerio de Agricultura", podría rondar el millón de perforaciones.
Así lo indica el partido ecologista en un comunicado, en
el que recuerda que el último dato público sobre este asunto se remonta
a 2006, cuando se calculó la existencia de medio millón de pozos
ilegales.
Equo ha pedido al Gobierno que tome medidas
para la clausura de estas perforaciones y el freno de su avance debido a
sus "dramáticas" consecuencias, especialmente en lugares como Doñana,
donde el impacto de esta práctica ha supuesto "una denuncia de la Unión
Europea a España ante el Tribunal de Justicia Europeo", ha explicado el
diputado del partido Juantxo López de Uralde.
Otras
áreas "especialmente afectadas" por la sobreexplotación de los acuíferos
en España son las Islas Canarias, Campo de Dalias (Almería), Sierra de
Crevillente (Alicante) o Sierra de Cartagena (Almería, Alicante y
Murcia), según datos de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) aportados por el partido ecologista.
Por su parte, Greenpeace ha enviado una carta a la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que solicita que se
identifiquen y localicen en un mapa todos los pozos ilegales.
El responsable de la campaña de Aguas de esta organización ecologista,
Julio Barea, ha explicado que "la extracción ilegal de agua es un delito
tipificado en el Código Penal con multas e, incluso, penas de prisión",
si bien "la falta de información y de medios para perseguirlo
contribuye a la impunidad".
Entre 2013 y 2017, el
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) recibió 1.146
denuncias por pozos ilegales detectados y solo se cerraron 10, una
"cifra irrisoria" a juicio de Greenpeace.
Desde esta
oenegé han advertido del peligro de esta práctica en España, el "país
más árido de Europa, donde el 75 % del territorio es susceptible de
sufrir desertificación".
"Las previsiones de cambio
climático para la Península auguran un descenso de la disponibilidad de
agua en superficie", ha explicado Barea, quien teme que "ya no tengamos
agua en los acuíferos" cuando se necesite debido "al descontrol y
desgobierno en la gestión de las aguas subterráneas".
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