MADRID.- El Gobierno prevé ahorrar este año
1.900 millones de euros mediante el control de las prestaciones por
desempleo, gracias a la detección del cobro fraudulento de 220.000
ayudas y a la mejora de su gestión.
El proyecto de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 recoge las actuaciones
que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo impulsando la reinserción
laboral, luchando contra el fraude y mejorando la gestión de las
prestaciones por desempleo.
Según los datos del proyecto de Ley, la prestación
contributiva se llevará cada mes 697,6 millones de euros de media para
beneficiar a 751.691 desempleados; seguida por el subsidio (329,3
millones), aunque son más los perceptores que el Gobierno prevé que
tenga este tipo de protección, con 813.931 personas.
En abonar a 159.207 personas la renta activa de inserción el Estado se
gastará 69,1 millones de euros mensuales, mientras que otros 106.110
desempleados percibirán el subsidio de eventuales agrarios (40,9
millones).
Asimismo, se contemplan otros 0,25
millones de euros mensuales el Programa de Activación para el Empleo
(PAE) que, aunque su vigencia terminó en abril de 2018, tiene un impacto
financiero este año porque se permite la reincorporación a quienes
habían causado baja temporal en el mismo, lo que afectará a unas 500
personas.
Las cuentas también recogen una previsión
de 6,2 millones de euros al mes para abonar la ayuda complementaria a
los 14.142 jóvenes que aún hay inscritos en el sistema de garantía
juvenil, ya que esta prestación económica se ha suprimido por su falta
de eficacia y escasa demanda.
Entre las medidas que
recoge el servicio público de empleo estatal (SEPE) este año para
intentar reducir el fraude en las prestaciones por desempleo, están la
realización de 4,3 millones de controles sobre la renovación trimestral
de las demandas de empleo.
Asimismo, llevará a cabo
2,3 millones de cruces de los datos informáticos con la Seguridad Social
para detectar empleo sumergido y 1,1 millones de controles sobre los
requisitos para obtener la prestación.
El Ministerio
de Trabajo también tiene previsto hacer 350.000 reclamaciones a los
desempleados por pagos indebidos de prestaciones y 8.000 comunicaciones a
las empresas para exigirles su responsabilidad en la comisión del
fraude.
En total, Trabajo realizará 1,9 millones de
controles y reclamaciones, lo que dará como resultado 220.000 bajas en
el cobro de prestaciones.
La lucha contra el fraude
se llevará a cabo verificando que los beneficiarios de las prestaciones
reúnen los requisitos exigidos tanto para el acceso como durante la
percepción de las mismas y que cumplen las obligaciones inherentes a su
condición de beneficiarios.
Además, llevará a cabo
acciones para controlar la disponibilidad de los beneficiarios para el
empleo y potenciará la vinculación entre las políticas activas de empleo
y las prestaciones.
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