MADRID.- Un total de 1.119 entidades locales
de España, el 15 por ciento del total, se han sumado a la central de
contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
para contratar juntas servicios y suministros, lo que les permite
ahorrar dinero pero también en ocasiones acceder a prestaciones que no
podrían lograr por sí solas.
La Federación puso en
marcha esta central en 2014, pero ha recibido un fuerte impulso este año
porque de los 300 contratos base firmados en total, 140 son de 2018.
Todos estos contratos representan un importe de adjudicación que supera
los 120 millones de euros, de los que más de 65 millones se han generado
en este ejercicio, según los datos facilitados por la FEMP.
En estos momentos, la central tiene en vigor seis
acuerdos marco: de suministro de electricidad, suministro de gas,
servicio de mediación de riesgos y seguros, servicio de asistencia para
la gestión y recaudación de multas de tráfico, para la gestión
tributaria en vía ejecutiva y para la gestión y recaudación de multas de
tráfico a extranjeros no residentes.
La Federación
actúa como instrumentos de las entidades locales, negocia condiciones
del servicio y precios, de manera que ayuntamientos y diputaciones
puedan ahorrar costes, reducir tiempos de contratación y compra y
simplificación de su tramitación.
Las entidades se
pueden adherir voluntariamente a la central. La FEMP les ofrece
asistencia técnica y jurídica en todo el procedimiento, desde la
adjudicación hasta la ejecución de cada servicio o suministro
contratado.
Murcia y Canarias, a la cabeza
Entre las entidades adheridas hay de todo, municipios grandes y
pequeños, así como diputaciones, cabildos y consejos insulares. Figuran
por ejemplo los ayuntamientos de Almería, Alicante, Granada, Elche,
Fuenlabrada, Fuengirola, Las Palmas de Gran Canarias, Málaga, Puerto de
Santa María, Santiago de Compostela, Telde, San Bartolomé de Tirajana,
Valencia, Valladolid o Zamora; las diputaciones de Alicante, Jaén,
Gerona, Soria; los cabildos insulares de El Hierro, La Palma o
Fuerteventura y los consejos insulares de Mallorca e Ibiza.
Por comunidades, destaca el caso de Murcia, porque el 75 por ciento de
su sector local (34 de 45 entidades) se han sumado a esta iniciativa. Le
siguen Canarias (61,3%), Madrid (45,3%), Baleares (40,6%), Asturias
(38,2%), Cantabria y Galicia (36,1% cada una), Comunidad Valenciana
(32,6%) y Andalucía (23,3%).
El resto de comunidades
registran porcentajes más bajos de adhesión a este servicio: Extremadura
(13,4%), Castilla-La Mancha (11,5%), Aragón (8,58%), La Rioja (7,51%),
Castilla y León (5,75%), Cataluña (5,21%), Navarra (4,56%) y País Vasco
(3,13%).
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