MADRID.- La reforma de la financiación ha dejado de ser un asunto urgente para
las comunidades autónomas que han relajado la presión al Gobierno al
constatar que los ingresos crecen a buen ritmo y pueden obtener más
beneficios en la negociación bilateral con el Ejecutivo.
Esta es la opinión de algunos de los expertos, que han participado en
el informe para la reforma de la financiación autonómica encargado por
el anterior Gobierno pero que pretende ser el punto de partida natural
para una reforma que no se aprobará antes de las elecciones autonómicas
y, seguramente, tampoco antes de las generales.
El experto designado por la Comunidad de Madrid y profesor de
Economía Aplicada de la Complutense, Jorge Onrubia, lamenta que las
autonomías estén "adormecidas" y que algunas muy reivindicativas hace
unos meses, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Aragón, hayan
"relajado" sus demandas al ver que "entra dinero y pueden ganar mucho en
los contactos bilaterales con el Estado".
Ante este nuevo escenario,
Onrubia considera que las autonomías no pueden vivir "en la
provisionalidad de según qué se negocie, qué saco del Estado" porque el
modelo debe ser "estable en el tiempo y construido bajo parámetros de
capacidad y equidad".
Además, este experto se muestra preocupado porque la situación actual
"valide un sistema que arrastramos desde 2009" y se sorprende de que
las comunidades hayan olvidado los "diagnósticos" que se hicieron en la
comisión de expertos sobre lo mal que funcionaba el actual modelo,
carente de transparencia y equidad.
Menos presión por la mayor recaudación
El
experto designado por Murcia y profesor de Economía Aplicada de esta
Universidad, José Carlos Sánchez de la Vega, coincide en que las
"presiones" son menos intensas y una de las razones es la "buena senda"
en la recaudación de tributos que está permitiendo que las comunidades
reciban mayores recursos.
Y otra razón, a su juicio, es que el país está
en una constante precampaña electoral "y el coste político que puede
suponer llegar a una propuesta que no cuente con suficientes apoyos o en
la que algunas comunidades no vean reflejadas sus demandas, no es
deseable".
Respecto a Cataluña, Sánchez de la Vega sostiene que sigue en la
misma línea, es decir, "quiere un trato especial" por lo que
previsiblemente no participará en reuniones con las restantes
comunidades de régimen común.
Para este experto, esta situación se va a
prolongar en el tiempo, "no habrá avances sustantivos" hasta que se
clarifique el panorama electoral o se resuelva, en un sentido u otro, la
negociación de presupuestos.
Sin apuros
El economista
Ángel de la Fuente, uno de los expertos designados por el anterior
Gobierno para revisar el sistema, considera que el informe elaborado es
una "propuesta completa" y el punto de arranque "natural" para empezar a
negociar aunque "cuando se arremanguen para hablar de verdad,
seguramente cambien muchas cosas".
De la Fuente coincide con el resto en que las comunidades pueden
"aguantar" un tiempo "porque ya lo vienen haciendo desde hace siete u
ocho años" pero ahora, además, la recaudación corre a su favor "y los
ingresos están creciendo a un ritmo bastante bueno". Admite que el
reparto no es equitativo pero las comunidades "no van a pasar apuros,
todo lo contrario".
Respecto al documento de los expertos, De la Fuente espera que se
mantengan algunas "prioridades" como que el sistema sea transparente y
el reparto más igualitario aunque tiene dudas de que triunfe la
responsabilidad fiscal que proponen, y que se basa en que las
comunidades den la cara y suban impuestos si lo necesitan, "en lugar de
pedir a Madrid".
De la Fuente explica que tras la comisión de expertos, hubo un grupo
técnico que hizo un documento con aportaciones de todos y ahora hay uno
"más político" que está trabajando aunque "no parece que avance mucho".
"Están mareando la perdiz porque no hay perspectiva de acuerdo y cada
uno quiere una cosa distinta" añade.
El experto designado por Baleares y catedrático de Economía por la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casasnovas,
coincide en que las comunidades están "tranquilas" ya que el Estado les
anticipa una liquidación favorable que pueden gastar a cuenta.
López Casasnovas sostiene que en el caso de Baleares saben que si la
financiación no funciona está el régimen especial mientras que en
Cataluña "la reforma de la financiación no prevalece en sus objetivos".
Respecto a Cataluña, López Casasnovas comenta que, nuevamente, hay
intentos a través del lehendakari Íñigo Urkullu para arrancar un acuerdo
general pero la Generalitat quiere "un traje a medida".
A juicio de este experto, "la incógnita" está en la Comunidad
Valenciana y Andalucía porque son autonomías con financiación muy
ajustada que no presionan para un acuerdo global, lo que hace sospechar
que "el Gobierno les ayuda de algún modo, si no se ahogarían".
López Casasnovas explica que la reforma de la financiación se planteó
como urgente porque "da ganancias aleatorias a comunidades como Aragón o
Cantabria y había que reconducir esa situación pero para que unos
subieran, otros tenían que bajar".
Ahora, dado que no se aplica ninguna
reforma, "nadie baja y los que tienen peor financiación no reivindican
porque ya no están ahogados o persiguen otras vías, y se ha perdido el
carácter de urgencia".
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