Martín ha puesto como ejemplo aunque lo es el único la situación de
una vecina de 72 años, que cobra 630 de pensión y paga un alquiler de
400 porque la empresa encargada de la reconstrucción de su vivienda,
demolida a causa de los terremotos de 2011, aún no ha terminado los
trabajos.
Apenas le quedan 230 euros mensuales para pagar medicación,
los recibos de luz y agua y para poder comer, por lo que percibe una
ayuda pública para el alquiler. Sin embargo, la concesión de dicha
subvención lleva "atascada" desde principios de agosto por la falta de
personal en el Servicio de Intervención.
La solicitud de esta vecina y
del resto de afectados no será llevada a Junta de Gobierno Local hasta
el próximo 21 de septiembre, a pesar de que este órgano se reúne cada
viernes y sus sesiones pueden convocarse, además, con carácter
extraordinario y de urgencia.
Por ello, Martín ha pedido al alcalde de
Lorca, Fulgencio Gil, que dé prioridad a la aprobación de las ayudas "de
las que dependen que se cubran necesidades básicas y perentorias de los
vecinos".
La edil ha explicado que el origen del problema surge
fundamentalmente con la entrada en vigor, el pasado 1 julio, del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
Ello implica entre otras cuestiones que, previamente a su aprobación,
cualquier resolución que implique gasto para el Ayuntamiento, ha de
contar con un informe de la Intervención municipal.
La nueva normativa
ha generado un notable incremento del volumen de trabajo en este
Servicio que ya tenía importantes carencias de personal antes de la
entrada en vigor de la norma.
"El Gobierno local ha sido incapaz de anticiparse a la lamentable
situación de parálisis que se ha producido, a pesar de que contó con
varios meses para hacer las previsiones necesarias en materia de
personal", ha dicho la edil de IU-Verdes.
Martín explicó que tras un primer intento en enero de este año de
crear una plaza de Técnico de la Administración General adscrito a la
Intervención para agilizar las tareas de fiscalización -procedimiento
que finalmente quedó desierto- esta es la hora en que el servicio se
mantiene "muy por debajo de las necesidades del Ayuntamiento".
Las Bases para la nueva convocatoria se aprobaron en Junta de
Gobierno Local el 8 de junio pasado, se publicaron en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia el 21 de ese mismo mes, y el plazo de
presentación de instancias concluyó el 6 de julio.
Sin embargo, a pesar
del tiempo transcurrido, ni siquiera se ha aprobado en Junta de
Gobierno Local la lista de admitidos y excluidos, la composición del
tribunal y las fechas previstas para el desarrollo de los ejercicios.
A
ello hay que sumar que en la Intervención municipal aún no se ha
provisto la plaza de economista vacante desde el mes de mayo por el
triste fallecimiento de quien fuera Jefe de dicho Servicio.
Por ello, Martín ha exigido el impulso de los procesos selectivos en
marcha y el refuerzo de la plantilla de la Intervención municipal para
agilizar la actividad administrativa del Ayuntamiento y dar solución a
las demandas de los vecinos lo más ágilmente posible. Y también para
acabar con la excesiva carga de trabajo que soportan los funcionarios de
este Servicio, de quienes IU ha destacado su extraordinaria
profesionalidad.
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