El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha suspendido al president Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez de sus cargos de diputados al Parlament de Catalunya
dando así por concluido el sumario que ha instruido contra los líderes
independentistas por los hechos ante la sede de la Conselleria
d'Economia el pasado 20 de septiembre, el referéndum de independencia
del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27-O.
Aunque no
es la primera vez que así lo señalamos, es obligado resaltarlo
nuevamente: el juez instructor ha llegado a una serie de conclusiones
y, en consecuencia, ha formulado una serie de acusaciones de rebelión y
malversación a partir de unos hechos que no se produjeron como él ha ido
dejando escrito en un serie prolija de autos. En ocasiones, ni
sucedieron como señala y, en otros casos, no están documentalmente
probados. El estado de derecho en España ha cubierto una página negra,
negrísima, que tendrá, no me cabe duda, serias consecuencias en el
futuro y que reputacionalmente será un pesado lastre para su imagen.
Para los que no se lo creían ha sido verdad: desde la aplicación del
artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pensado para casos
de terrorismo hasta el timing del anuncio, el día después de la entrevista entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el de Catalunya, Quim Torra.
El lunes toca diálogo y el martes suspensión de ¡seis! diputados sin
sentencia firme, sin juicio alguno y cuando el auto no es firme y se
puede recurrir. Ahí hay una rendija jurídica, seguramente, para que el
Parlament no deba suspender a sus parlamentarios y defender sus derechos
que, en última instancia, son los de los ciudadanos que los han votado y
a quienes representan.
El juez Llarena ha perpetrado en muchos aspectos una
auténtica chapuza. Pero siendo eso importante ya que en juego
hay privación de libertad de personas honorables, pérdida de derechos
fundamentales, alteración de decisiones políticas tan importantes como
quién puede o no puede ser president de la Generalitat... lo más grave
de todo, en estos momentos, es el pulso político ―y reaccionario― que le
acaba haciendo al Parlament de Catalunya.
Un juicio a la disidencia política enmarcado en un acto de rebelión
y cuyos diputados tienen encima de sus cabezas la decisión última que
adopte el Parlament. Así de sencillo y así de cruel. Y así de difícil.
Europa los deja en libertad, ¿y el Parlament los tiene que suspender? La
ratafía no ha causado los efectos esperados y la justicia hace mucho
tiempo que tomó el control del Estado.
Postdata. El Poder Judicial pidiendo al gobierno socialista
cobertura para que sus decisiones no sean juzgadas por los tribunales
belgas y Pablo Llarena no tenga que comparecer en septiembre a la
citación que se le formuló desde Bruselas es de antología. Pero
lo supera el ministro Josep Borrell ordenando al embajador que defienda la inmunidad del juez. Debe ser una nueva versión de la separación de poderes.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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