Pasó a principios del pasado mes de abril en Alemania y ha vuelto a
suceder este miércoles en Bélgica: la justicia europea ha dado una nueva
y sonora bofetada al juez Pablo Llarena y al Tribunal Supremo que ha venido avalando su instrucción contra el independentismo catalán.
Los consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig
vuelven a ser ciudadanos libres en un país libre una vez la justicia
belga ha desacreditado la instrucción llevada a cabo por el juez
Llarena. No habrá extradición como quería el Tribunal Supremo y, más
allá de la posición cerrada de la alta magistratura española tras el
revés sufrido, el Estado español ha sido herido en el sumario judicial
más importante que ha tenido España entre manos en los últimos años.
Finalizada la batalla judicial belga, el resultado final de las
euroórdenes es de tres a cero. Quedan pendientes otras tres: la del
president Carles Puigdemont que está a media partida, una vez se ha
descartado el delito de rebelión por el Tribunal de Schweslig Holstein
y es difícil que se acepte el de malversación, sobre el que no
tardará mucho en pronunciarse la justicia alemana. En Escocia, la
consellera Clara Ponsatí parece tenerlo igualmente bien encaminado, como
en Suiza la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.
Son, en
total, seis órdenes de extradición y alguien debería plantearse
seriamente que sucede con la justicia española si cuatro
países cuestionan las posiciones del juez Llarena. No debería costar
tanto preguntarse si no será la justicia española la que se está
extralimitando antes de hacer comentarios como el de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo acusando a la justicia belga "de ausencia de
compromiso con prestar la colaboración judicial demandada".
Que la trascendental decisión de la justicia belga se haya producido
el mismo día que se cumplen siete meses -¡siete!- del encarcelamiento de
los Jordis, Sànchez y Cuixart, no es una ironía del destino. Es la
macabra situación en que se encuentran los nueve presos políticos en las
cárceles de Estremera (Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Forn), Soto
del Real (Sànchez y Cuixart) y Alcalá Meco (Forcadell y Bassa). Y que
pone de manifiesto que la justicia española está dispuesta a sentarlos
en el banquillo prescindiendo de lo que sucede en otros países europeos.
Con la crueldad que ello supone y la injusticia que conlleva.
Lo hemos dicho en más de una ocasión, a idéntica jurisprudencia no
puede haber delitos diferentes y eso es lo que están padeciendo los
nueve presos en cárceles de las inmediaciones de Madrid. Una nueva serie
de manifestaciones en la noche de este miércoles en las plazas
catalanas ha puesto de manifiesto que la sociedad catalana no les olvida
y les recuerda.
La excepcionalidad del nuevo president de la
Generalitat yendo a visitar a los que considera "rehenes" del Estado el
próximo viernes remarcará una insólita situación tras la decisión de la
justicia belga. Pero el estado español parece dispuesto a hacer
oídos sordos.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario