MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) va a avalar la constitucionalidad de la segregación por sexos en
los colegios que han decidido aplicarla. Y también, muy probablemente,
el empleo de dinero público para subvencionar a los centros que llevan a
cabo dicha separación. Sobre este segundo punto hay más discusión,
aunque el proyecto de sentencia que estudia el TC es favorable a las
subvenciones de tales colegios.
El PSOE había presentado un recurso contra ambas cuestiones, entre otros aspectos de la ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
La impugnación se realizó en el 2014, y los socialistas presentaron la
iniciativa como una cuestión de principios, argumentando en su día que
“siempre” estarían en contra de dicho tipo de segregación.
Es muy probable que el Constitucional concluya sus
debates y dé a conocer la sentencia mañana. El asunto figura en el orden
del día del pleno que empieza hoy, pero antes se tratarán otras
cuestiones. Los magistrados ya debatieron sobre la Lomce en otros
plenos anteriores, y el proyecto de resolución se ha ido modificando a
medida que se hacían nuevas aportaciones y se negociaba punto por punto.
Hace dos semanas, en el último pleno, el problema de la
segregación por sexos en centros escolares quedó sobre la mesa, habiendo
provocado una gran discusión, con diversos planteamientos enfrentados.
El ponente de la sentencia, Alfredo Montoya, perteneciente al
sector conservador del TC, propone la constitucionalidad de ambas
cuestiones, la segregación por sexos y las subvenciones a los colegios
que la apliquen. Pero hay grados y matices que siguen en discusión.
En principio, la mayoría conservadora del TC se decanta a
favor de considerar plenamente constitucional que los centros que así lo
decidan puedan segregar por sexos. Pero el debate fue más intenso a
propósito del ajuste constitucional o no del empleo de dinero público
para subvencionar a los centros educativos que apliquen la mencionada
opción.
En medios del propio Constitucional no se descarta la hipótesis
de que al final sea el presidente de la institución, Juan José González Rivas,
quien tenga que decantar el debate haciendo uso de su voto de calidad,
solución prevista para los casos de empate. No sería la primera vez. Ya
utilizó este mecanismo en una resolución sobre un asunto relacionado con
determinadas prestaciones sanitarias.
En la sentencia que se está debatiendo, los matices vienen
de la mano del grado de obligatoriedad respecto a las subvenciones a
colegios que segreguen por sexos. Una cosa es que puedan subvencionarse
este tipo de centros y otra que tenga que hacerse forzosamente. El
sector más conservador del TC está a favor de un régimen amplio de
subvenciones, y el más progresista considera que no hay que gastar ni un
euro procedente del dinero público para atender a los gastos de dichos
colegios. Una cosa es que se pueda segregar por sexos y otra distinta
que haya que subvencionarlo.
Cabe la posibilidad de que, al final, la cuestión quede
regulada en términos tales que en una comunidad autónoma haya
subvenciones para dichos centros y en otra no. En ambas cabrá
subvencionar la educación segregada, pero que se haga o no dependerá de
la decisión política que los gestores educativos adopten en cada caso.
En principio, el presidente del TC y los magistrados
Andrés Ollero y Santiago Martínez Vares son los más inclinados a apoyar
las posiciones que defiende la ponencia elaborada por el también
magistrado Alfredo Montoya.
Los más críticos, en cambio, son Fernando
Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y María Luisa
Balaguer. En una zona intermedia se han movido los cuatro restantes, es
decir, Pedro González-Trevijano, Ricardo Enríquez, Encarna Roca
–vicepresidenta del TC– y Antonio Narváez. Es por estar de este modo los
equilibrios internos que no se descarta que al final el presidente del
Constitucional tenga que desempatar.
No obstante, se tratará de
evitarlo, para que la sentencia no fracture al TC, que siempre trata de
huir de la imagen de división en asuntos clave. Y éste tiene una clara
trascendencia constitucional, porque de lo que se trata, en definitiva,
es de distintas concepciones sobre el modelo educativo del país.
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