MURCIA.- «Señor juez, si no quería venir al juzgado a declarar no era porque
estuviera enferma, sino porque sabía que al final se me iba a acabar
escapando algo contra Pedro Antonio Sánchez». Elisa Martínez, quien
durante años ejerció como secretaria municipal en el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, realizó esta 'confesión' el pasado viernes, cuando ya
estaba concluyendo su declaración, ante el titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Lorca, Antonio Morente, por
el denominado 'caso Pasarelas, según revela hoy La Verdad.
Y no es que a Elisa Martínez se le
«escapara algo» contra quien fue alcalde lumbrerense y más tarde
presidente del Gobierno murciano, el hoy imputado Pedro Antonio Sánchez,
sino que se pegó «una auténtica rajada», en palabras de fuentes
contratadas de este procedimiento judicial.
Esta funcionaria, hoy ya
jubilada, reconoció que su relación con quien era el regidor del PP en
Puerto Lumbreras fue muy mala. En este sentido, explicó que en varias
ocasiones le advirtió de que algunas decisiones que pretendía adoptar no
eran conformes a la ley, lo que llevó supuestamente a Sánchez a darle
de lado y contratar un servicio externo de asesoramiento legal para el
Consistorio.
A partir de ese momento, Elisa Martínez habría tenido
que solicitar ser recibida cada vez que tenía algo que comentar con
quien era el alcalde. Cuando acababa de informarle de los aparentes
problemas legales que se derivaban de sus decisiones, Sánchez se
limitaba a preguntarle si ya había acabado y a decirle que ya se podía
marchar, según las fuentes mencionadas.
La antigua funcionaria llegó a hablar de «irregularidades» en
contratos y proyectos asumidos por Sánchez, lo que llevó al magistrado a
pedirle que aclarara a qué se refería. Fue entonces cuando la
exsecretaria municipal manifestó expresamente que había detectado que
«el dinero de las subvenciones no llegaba a los proyectos» para los que
estaba previsto.
En ese momento, sin embargo, el juez explicó que tenían
que centrarse en el caso concreto de la contratación de las pasarelas
sobre la rambla de Nogalte, ya que haber insistido en conocer presuntas
ilegalidades en otros proyectos habría supuesto abrir una causa general
sobre la gestión de Sánchez en el Consistorio lumbrerense, que es algo
que la ley impide.
Elisa Martínez señaló, pese a ello, que ella
presentaba bajas laborales de forma habitual con el fin de evitar tener
que tratar con el alcalde.
El 'caso Pasarelas' investiga si por
parte de Pedro Antonio Sánchez se contrataron unos trabajos de
rehabilitación de pasarelas y puentes sobre la rambla de Nogalte, que se
sospecha que fueron abonados en cinco facturas diferentes con el
aparente propósito de hacerlos pasar por contratos menores y no tener
que sacar las obras a concurso.
El
viernes también prestaron declaración como testigos Francisca Romera,
quien ha permanecido 21 años como interventora accidental en el
Consistorio lumbrerense, y la secretaria municipal accidental Caridad
García.
Ambas consideraron normal que el alcalde se arrogara la facultad
de contratar algunos proyectos, pues es una atribución propia de la Alcaldía, aunque pueda delegarla en concejales, y señalaron que muchas
veces lo que se buscaba era una mayor agilidad en los proyectos.
Sobre
el asunto de las pasarelas y la división de los trabajos en cinco
facturas, vinieron a coincidir en que se pudo facturar de esa forma
porque el trabajo se realizó «por fases», aunque Caridad García señaló
que no recordaba ese proyecto concreto.
Ambas también señalaron,
como incluso hizo la anterior secretaria, Elisa Martínez, que en esa
época -el año 2006, que es cuando se contrataron los trabajos de las
pasarelas- los proyectos se solían entregar en mano en el Ayuntamiento y
no por registro, y que llegaban directamente a los servicios técnicos.
Y
respecto del hecho de que la arquitecta del Consistorio, Inmaculada
García, no fuera quien diseñara el proyecto de remodelación de los
puentes sobre Nogalte, vinieron a señalar -siempre según las mismas
fuentes- que esa profesional estaba centrada en la redacción del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que se habría encomendado
ese trabajo a otro arquitecto.
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