La noticia de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido la denuncia del president Carles Puigdemont
contra la vulneración de sus derechos políticos en España es relevante.
Supone la aceptación del estudio del dossier en que el president
exponía a Naciones Unidas que diversos de sus derechos han
sido conculcados, entre ellos el de ser reelegido president de la
Generalitat.
Un derecho que la justicia española le ha impedido ejercer a
través de argucias legales, puesto que no existe sentencia firme sobre
los hipotéticos delitos de los que es acusado y, además, acaba de ser
cerrada la fase de instrucción.
Las informaciones de la ONU coinciden en el tiempo con las
declaraciones de la juez de instrucción que interrogó el lunes a
Puigdemont en el juzgado de Neumünster en las que ha
señalado que, en su opinión, la extradición puede ser considerada
improcedente o inadmisible y, por tanto, podría ser denegada.
No será
ella quien tendrá que pronunciarse sino el Tribunal Superior de Justícia de Schleswig-Holstein,
un equivalente al TSJC. Aunque no hay un criterio coincidente entre los
expertos en derecho penal alemán, la gran mayoría se inclina por una
serie de recursos que alargarán la situación y la privación de libertad
del president.
El plato de la ONU, aunque será lento, es de difícil digestión para
las autoridades españolas. Solo hace falta una mirada a los medios de
comunicación internacionales para evaluar la dimensión del daño que se
está produciendo sobre la marca España, aunque de eso parece que sus
autoridades hacen caso omiso.
Una circunstancia que tendrá sus consecuencias en el desarrollo
inmediato de la política catalana y en la investidura de un president de
la Generalitat por parte del Parlament. Sobre todo, en un momento en
que se cruzan sobre Carles Puigdemont dos noticias de índole diferente:
la prisión en que se encuentra desde el domingo a la espera del
pronunciamiento del Tribunal de Schleswig-Holstein después de ser
detenido por policías alemanes y, por otro lado, los vaivenes del juez Pablo Llarena respecto a la suspensión e inhabilitación de sus derechos a ser elegido definitivamente y enlazando con la sentencia que se produzca en el juicio.
La defensa de los derechos del president Puigdemont, en su condición
de presidente legítimo de Catalunya, debe ser la pirámide en la que se
asienten todos los movimientos de los políticos independentistas. Sobre
todo, si se quiere mantener el mandato de los ciudadanos el 21-D.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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