LORCA.- El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Juan
Francisco Martínez, ha informado que los lorquinos van a tener que
afrontar un nuevo pago derivado de dos convenios urbanísticos trampa
aprobados en solitario por una administración anterior socialista entre los años
2005 y 2006.
Se trata de un nuevo golpe que asciende a 2.891.843,78
euros, consecuencia de las correspondientes condenas judiciales
originadas por dos convenios rubricados que tenían como promotores
principales a las mercantiles Ryszard y Desarrollos Lerna. Estos reveses
contra las arcas municipales, que suponen un perjuicio económico grave,
tendrán que ser asumidos por el Ayuntamiento ya en las cuentas del
ejercicio en curso.
Martínez Carrasco ha explicado que el primero de los convenios supuso
unos ingresos anticipados para las cuentas municipales de 1.482.095,60
euros, cantidad a la que ahora hay que añadir otros 178.088,68 euros,
por lo que la pérdida asciende a 1.660.184,28 euros. Como todos los
lorquinos conocen, la administración de aquel momento en lugar de
reservar el dinero hasta que se cumplieran las condiciones que habían
pactado, los destinó a gasto corriente.
Esto se traduce en que ahora que
la situación económica del Ayuntamiento se está recuperando, tenemos
que asumir pagos millonarios por decisiones erróneas del pasado. Unos
disfrutaron la fiesta, pero la resaca la tenemos que pagar todos los
lorquinos.
El convenio firmado con Ryszard afectaba a una superficie de 2,7
millones de metros cuadrados ubicados en la pedanía de Almendricos,
previendo la construcción de 5.004 viviendas, para una población
estimada de 15.012 personas.
Para poder hacer frente al pago de estos 1,66 millones, desde el
Consistorio se ha logrado la autorización por parte del Gobierno de
España para poder acogerse al Fondo de Impulso Económico del Estado, lo
que permite unas condiciones más flexibles de pago y ahorrar intereses.
Se trata de una herramienta financiera que permite pagar de
forma escalona y en un plazo de tiempo mayor estas sentencias. Gracias a
este mecanismo, además, se reduce el estrés económico sobre las arcas
municipales, procediendo a liberar partidas que pueden ser destinadas a
ayudar a familias, inversiones y a la potenciación del servicio de
limpieza, entre otras cuestiones.
Martínez Carrasco ha recordado que el Fondo de Impulso Económico
(FIE) constituye una herramienta especial que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas pone a disposición de los Ayuntamientos de
nuestro país para posibilitar el pago aplazado para hacer frente a las
necesidades financieras de las entidades locales derivadas del obligado
cumplimiento de sentencias firmes redactadas por los Tribunales de
Justicia.
El segundo caso corresponde a un convenio rubricado en su día
teniendo como principal promotor a Desarrollos Lerna. El Consistorio
percibió por el mismo la cantidad 1.081.821,60 euros, que tampoco
reservó y se empleó en gasto corriente.
A esta cifra hay que sumarle
ahora otros 149.837,90 € en concepto de intereses y costas derivadas del
procedimiento, lo que se traduce en un impacto total contra los
lorquinos de 1.231.659,50 euros.
En este caso afectaba a un total de
3.701.527 m2 pertenecientes a la pedanía de Río, sobre lo que se previó
construir 6.670 viviendas para una población estimada en 20.010
personas. Los servicios municipales han tenido conocimiento del carácter
firme de ambas sentencias recientemente.
El edil de Economía ha indicado que el balance de estos procesos
judiciales por los convenios urbanísticos señala que el Ayuntamiento ya
ha sido condenado a devolver 8.914.812 euros, a los que se suma la
cantidad de 1.364.410,65 €, por lo que el varapalo total es de
10.279.222,65 €.
Por el momento ya se han pagado seis de estas sentencias
de forma íntegra, otros cuatro cuentan con acuerdos de pago con sus
promotores, el abono de otro se realiza de forma más flexible gracias al
FIE y la condena por otro ha sido remitida hace muy pocas fechas. De
esta forma se informa que ya se han tenido que pagar 6.030.239,02
euros, quedando pendiente el pago de 4.248.983,63 euros.
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