LORCA.- El portavoz municipal de IU-Verdes de Lorca ha pedido al alcalde de la localidad que no deje a este amplio conjunto de vecinos afectados por las expropiaciones "a los pies de los caballos". Y, concretamente, ha exigido al mismo dos cuestiones: la primera, debida a la complejidad del asunto, una ampliación generosa de los plazos para presentar alegaciones, y, derivada de esa misma complejidad, la habilitación inmediata de una Oficina Municipal de Asesoramiento que, más allá de enseñar el proyecto de Adif asesore técnica y jurídicamente a los afectados.
Sosa afirma que el procedimiento de expropiación que ahora se inicia
puede afectar a cerca de 600 familias en unas zonas de Lorca como son la
Torrecilla, Campillo, Sutullena, etc., con muchos vecinos que
adquirieron las propiedades susceptibles de expropiación tras años de
sacrificio y trabajo como emigrantes en Francia y en otros lugares, y
por las que, según los precedentes que estamos viendo en otros lugares,
el gobierno de España va a intentar pagar cantidades miserables.
Se va a tratar de expropiaciones que en muchos casos son parciales,
que supondrán un demerito y una evidente depreciación del valor de la
parte de las fincas o parcelas que no se expropien, que hará inviables
determinadas explotaciones agrícolas y ganaderas, que podrá conllevar la
pérdida de derechos de construcción de viviendas si, como algunos casos
que ya nos han llegado, la parte de parcela no expropiada no contase
con los metros suficientes establecidos en la norma urbanística.
A eso
se añaden problemas de propiedad, de registro, de catalogación de fincas
de secano que actualmente están en regadío, de generación de ruidos que
exigen la colocación de pantallas acústicas, etc.
Toda esta ingente cantidad de problemas requiere el concurso y la
contratación de expertos, abogados, tasadores, ingenieros, etc., cuyos
honorarios podrían suponer un gasto considerable añadido a los afectados
si, como suele suceder, no se llega a un acuerdo inicial con Adif y hay
que ir al Jurado Provincial de Expropiación con una "hoja de aprecio"
fundamentada técnicamente, o si, aún más costoso, se tiene que recurrir a
los tribunales de justicia.
Sosa ha puesto como ejemplo el de una expropiación en el tramo previo
de Murcia en la que Adif pretendía indemnizar con 218.800 euros a los
propietarios de una finca en explotación, que finalmente han cobrado 1,3
millones de euros tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia que multiplicó por seis el valor inicial que pretendía el
gobierno.
Por ello es imprescindible que el Ayuntamiento de Lorca no abandone a
sus vecinos, se ponga a trabajar desde ya en este asunto, y habilite
cuanto antes esa Oficina, poniendo al frente a personas cualificadas.
Sosa ha manifestado que, gracias a una iniciativa impulsada por IU en
el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, el gobierno local de la vecina
población ya ha creado esa Oficina y ya está asesorando a sus vecinos, y
ello pese a tratarse de una administración más pequeña, con menos
recursos y con menos afectados por las expropiaciones.
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