MADRID.- El Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García Page
con el apoyo de Podemos, ha puesto en marcha un decreto elaborado por
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con el que se
pretendía colocar a dedo a personal no funcionario en puestos directivos, según www.libremercado.com.
Los requisitos establecidos por el Ejecutivo regional contemplan que
para poder desempeñar este puesto se deben cumplir uno –o más– de estos
tres supuestos: superar un curso de formación impartido por la
administración, tener un máster oficial en dirección pública o haber
sido directivo durante dos años.
El
personal directivo sería nombrado a través de una RPT aprobada por el
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia
de Función Pública, previo informe de la Dirección General de
presupuestos.
"En resumen, quien decide el dedazo es Ruiz Molina (Podemos), como Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, que de esta manera se convierte en el cacique de la Junta,
al tener que pasar por sus manos el nombramiento de todas las personas
que se designen para ocupar las direcciones provinciales, las
coordinaciones nivel 30 y nivel 29, e incluso las jefaturas de servicio o
la dirección de los centros públicos de la Junta", denuncian desde el
sindicato Stas-CLM.
El decreto también recoge la alternativa que se le dará a estos cargos
una vez el Gobierno castellanomanchego sea controlado por un partido de
distinto signo. "El personal directivo tiene derecho a la suspensión de
su nombramiento con reserva de plaza", recoge el texto. Esto supone que,
si en las elecciones autonómicas de 2020 en Castilla-La Mancha llegase
al poder el PP y prescindiese de los cargos nombrados por el PSOE y
Podemos, los directivos tendrán derecho al cobro de un finiquito, "que puede llegar a ser millonario", denuncian desde Stas-CLM.
En los primeros párrafos del decreto se observa que para ocupar uno
de esos altos puestos, se necesita ser funcionario del subgrupo A1 o A2.
Pero seguidamente, se desdice y señala que esos cargos podrán ser
desempeñados por personal no funcionario.
"Lo que significa, por
ejemplo, que cualquier alcalde defenestrado en las urnas pueda encontrar una puerta de atrás para el acceso a la Administración regional,
con un contrato de alta dirección y sin necesidad de pasar ningún
proceso selectivo. Y quien dice alcalde puede decir cualquiera de sus
Amiguetes S.A.", señala el sindicato en su manifiesto.
Page
negó la semana pasada que su Gobierno esté preparando un decreto para
"colocar a altos cargos". Sin embargo, el presidente no ha desmentido la
existencia de este texto en concreto, se ha limitado a señalar que las
noticias publicadas contienen información "totalmente deformada".
Por el
momento, el PSOE ha retirado este decreto de la Comisión de Secretarios
Técnicos, pero podrían llevarlo al Consejo de Gobierno.
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