No hay como disponer de impunidad para poder actuar sin preocupación
alguna. Y así suceden cosas que son algo más que curiosas. Son
preocupantes. Uno puede despertarse leyendo en un diario muy respetable
antaño que los miembros del Tribunal Constitucional fueron convenientemente informados por el Gobierno de Mariano Rajoy "sobre el daño que sufriría el Estado con la investidura de Carles Puigdemont"
y no suceder nada. O, como mucho, comentarios explicativos respecto a
la noticia en la línea de que no cabe interpretarlo como una advertencia
o una amenaza.
Claro, el Gobierno y la Moncloa llaman para nada después
de que el Consejo de Estado previamente hubiera
tumbado por unanimidad la restricción de elección del candidato
Puigdemont. Y también hay que concluir que el TC estuvo reunido el
sábado durante seis horas por una cuestión meramente de trámite. Quizás
por ello, el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías no ha tenido reparo alguno en declarar que la Constitución no la cumple ni el Tribunal Constitucional.
Estamos asistiendo a una situación tan anómala que el atropello de derechos fundamentales
como el de elección y participación en procesos electorales se están
poniendo en entredicho. Todo ello con pronunciamientos que hoy muy poca
gente cuestiona desde fuera de Catalunya, ya que están pensados para ir
contra el independentismo, pero que acabarán dejando un reguero de polvo
y de doctrina constitucional que un día podrá ser usada contra otras
formaciones políticas o personas para apartarlas de la vida pública.
El exdiputado y doctor en Economía por la Universitat de Barcelona Germà Bel
nos hacía partícipes este lunes de que había ido a declarar ante la
policía como investigado por un delito de odio y discriminación. Al
parecer, siendo aún parlamentario, está acusado de "generar un estado de
opinión" contrario a la policía con unos tuits realizados entre el 1 de
octubre, el día del referéndum, y el 3 de octubre, cuando se celebró
la aturada de país.
En los tres tuits que son objeto de la
acción de la Fiscalía, el entonces diputado denunciaba la crispación de
aquellas fechas y la tensión que se vivía, que no era ajena al millar de
personas que necesitaron asistencia médica, según las informaciones
facilitadas en su día por la conselleria de Salut, por las cargas
policiales.
Y después hay quien habla y habla y se llena la boca con nobles
palabras como justicia, constitucionalidad y acatamiento de la
legalidad. Buenas palabras que muchas veces son eso. Solo palabras.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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