MURCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela en su último informe sobre el 'caso Acuamed' la «estrecha colaboración» de la empresa pública con Acciona para intentar que la constructora obtuviera alrededor de 19 millones de euros adicionales por la obra de la desaladora de Torrevieja, planificada en 2007 como la mayor planta de este tipo en Europa y cuya agua se distribuye hoy en la Región.
Según
el mismo informe, al que ha tenido acceso 'El País', «Acciona y Acuamed
tendrían un pacto por el cual la UTE de la desaladora (liderada por
Acciona) presentaría una liquidación y una reclamación por los excesos
de medición y los sobrecostes en los que habría incurrido durante la
ejecución de la obra».
El trato entre los directivos de ambas entidades
es, según la UCO, «más que una relación objetiva y aséptica entre dos
empresas que mantienen un contrato, una relación arbitraria e interesada
cuyo objetivo sería alcanzar una meta fijada y pactada previamente».
El
responsable de Acuamed en Valencia, Pablo Martín, habría incumplido «la
objetividad, imparcialidad y confidencialidad que debe regir en la
gestión de una entidad pública», siempre según el informe de la UCO.
Acciona es una de las empresas señaladas en el 'caso Acuamed', y el de
la desaladora de Torrevieja es precisamente uno de los mayores contratos
investigados, adjudicado en 2007 por 185,3 millones de euros.
Las
comunicaciones intervenidas muestran cómo, a lo largo de los meses, la
UTE va cambiando sus propuestas de valoración, con fluctuaciones en
diversas partidas. Los mayores incrementos, señalan los agentes, se
producen «en partidas cuya comprobación resulta compleja o imposible»,
como el vertido de salmuera o el movimiento de tierras. El informe
recoge otras valoraciones que se hicieron de la obra, muy inferiores a
la que pretendía obtener Acciona.
Según 'El País', la UCO detalla
en su informe multitud de ejemplos que demuestran la estrecha relación
entre los directivos de Acuamed y de Acciona durante las negociaciones
para determinar la liquidación de la obra.
Por ejemplo, Acciona tenía
acceso a documentos internos y confidenciales que, según la Guardia
Civil, permitieron «que la UTE conociera las estrategias que se estaban
preparando dentro de Acuamed para afrontar la negociación». Uno de esos
documentos es un informe preliminar de la Abogacía del Estado que
analizaba la reclamación presentada por el contratista.
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