LORCA.- El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Lorca, Pedro
Sosa, ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Murcia y del
responsable político municipal de falsear un informe oficial para tratar
de impedir que los afectados por la devolución de las ayudas del
terremoto se concentren mañana en la plaza Calderón de la ciudad.
Sosa ha explicado que el ayuntamiento incurrió en falsedad documental
en el informe que remitió a la delegación del Gobierno, en el que
afirmó que la concentración y el acto protocolario de entrega de honores
y distinciones de la ciudad coincidían en el mismo lugar, cuando la
primera era en la plaza Calderón y el segundo en el Teatro Guerra.
Dicho
informe sirvió de base para que Francisco Bernabé, delegado del
Gobierno, instase a los convocantes a trasladar la concentración a la
plaza de Colón, e impedir así, que las autoridades regionales y locales
tuvieran que escuchar la voz de los manifestantes.
La concejala de IU-Verdes Lorca, Gloria Martín, en calidad de miembro del colectivo
de afectados, se vio así obligada a presentar un recurso contencioso
administrativo en defensa del derecho de reunión de los afectados.
La
Delegación tuvo que pedir un segundo informe al Ayuntamiento de Lorca donde éste
se retracta y reconoce que la concentración y el acto protocolario no
iban a compartir un mismo espacio y, por tanto, finalmente se ha
autorizado la protesta ciudadana en la plaza Calderón, por lo que Martín
decidió retirar el recurso cuando las partes ya estaban citadas para
una audiencia ante el juez.
El portavoz de IU-Verdes manifestó que dentro de dos semanas
"celebraremos el 39º aniversario de la Constitución Española" que
reconoce derechos "que se vulneran cada día que amanece en Lorca, en la
Región de Murcia, y en España".
Y recordó que son incontables las
ocasiones en las que IU ha invocado la Carta Magna en defensa de los
derechos de los lorquinos "mediante nuestra actividad política diaria y
también a través de concentraciones o manifestaciones".
Sin embargo, en
las últimas ocasiones tanto el gobierno local como la Delegación del
Gobierno, ambos en manos del PP, "sólo han puesto reparos para el libre
ejercicio de estos derechos", se ha lamentado Sosa.
"Unas veces a causa a
la megafonía para convocar las manifestaciones, que sólo está prohibida
en estos casos, no para anunciar partidos de fútbol o corridas de
toros, otras en torno a la colocación de carteles (con multas incluidas)
y ahora acerca de la ubicación elegida para ejercer el derecho a la
manifestación y la reunión pacífica en la Plaza de Calderón", ha
expresado el portavoz de IU-Verdes.
Al respecto, Sosa ha recordado la frase pronunciada por Bernabé
durante su toma de posesión y que evidencia la línea política que
impondrá desde su cargo: "el que la hace, la paga".
"Pues bien, aquí, en
este Ayuntamiento, ha habido alguien que ha mentido, que ha informado a
la Delegación del gobierno en Murcia de manera torticera con el afán de
impedir la concentración en la plaza de Calderón de las víctimas de la
mala gestión en materia de ayudas públicas por el terremoto", ha dicho.
Para el edil de IU, "los responsables de este abuso de poder y del
ejercicio anormal de sus funciones políticas tienen que pagar un precio"
porque "Lorca no merece un gobierno local que trata de sabotear el
ejercicio del derecho constitucional de reunión reconocido en el art. 21
de la Constitución".
En ese sentido, también ha asegura que la Región
no se merece un Delegado del Gobierno "que asuma sin más el informe del
Ayuntamiento prohibiendo la concentración en el lugar elegido, para que
después, cuando le llega la citación de un magistrado, le tiemblen las
piernas y donde dijo digo ahora diga Diego".
Por último, Sosa informó también que Gloria Martín, ha interpuesto
una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Lorca como
consecuencia de los gastos de representación legal en los que ha tenido
que incurrir para defender los derechos constitucionales de los vecinos
de Lorca afectados por la devolución de las ayudas.
Unos gastos que han
supuesto mil euros en el pago de honorarios a su abogado, y que se han
producido como consecuencia de que el Ayuntamiento falseó un informe
oficial, algo, que por cierto, está tipificado en el Código Penal como
delito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario