Corrupción ha habido mucha. Desde hace mucho tiempo. Amparada,
auspiciada, bendecida y protegida por todos los partidos políticos que
han tocado poder en el ámbito municipal, autonómico o nacional. Buena
parte de los capos de las grandes compañías han sido cómplices,
corruptores, y se han visto beneficiados por ella. Han conformado un
gang, un grupo cerrado, pequeño, un selecto club de delincuentes
inmorales que han hecho y desecho a su antojo, controlando la vida y la
hacienda de todos.
No más de quince personas, empresarios de postín,
altos cargos institucionales y dirigentes de partidos políticos se lo
han montado, lo han controlado todo, han robado lo que no está escrito y
encima, socialmente, han impuesto sus códigos, y pasan por ser gente
respetable, Y como durante los años de la burbuja al personal le iba
bien, se ha tragado con todo. Y quienes manejaban el cotarro incubando
el desastre han orquestado la degeneración del sistema, y todo se va a
ir al garete.
La Fiscalía General del Estado padece un descrédito quizá
insuperable. Desde el inefable Leopoldo Torres a Maza, pasando por
Eligio Hernández, Moscoso, Conde Pumpido y compañía, la institución
padece un descrédito quizá insuperable. Hay que derribar el edificio y
construir uno nuevo. Los cimientos no se sostienen. Lo de Moix es una
más, que se veía venir. Hay un control de los políticos de turno
insoportable, que ejercen a partir del principio de jerarquía y unidad
de acción.
Y cómo se les ha otorgado más poder con las reformas, están a
hostias entre ellos, y a hostias con el adversario político de sus
jefes, y por el camino revientan las costuras de un sistema de garantías
que es el deseable, pero con independencia. Se han creído que estaban
por encima del bien y del mal, han hecho algunas investigaciones de
éxito, claro, sólo faltaría, pero la lista de víctimas de sus cacerías
políticas es también extensa.
Soy un convencido de que la responsabilidad de dirigir los procesos
penales no debe ser sustraída a los jueces. El proceso penal y la
política criminal son uno de los termómetros esenciales de la salud
democrática de un estado de Derecho, y el nuestro está fallando de modo
estrepitoso. Porque no funciona la arquitectura del procedimiento, se
han hecho inventos pretendidamente progresistas que han afectado a lo
esencial y en aras de una supuesta lucha contra la corrupción se han
posibilitado excesos, errores, ajustes de cuentas políticos y cacerías
inmorales en las que se han llevado por delante las garantías de los
justiciables, de todos los colores.
Podemos empezar por la moda de los secretos de sumario, que solo
pueden ser aceptados en asuntos del todo excepcionales, absolutamente
tasados en el tiempo, plenamente justificados. La realidad es que se
está abusando de decretar secretas causas que no lo merecen, por tiempo
notoriamente excesivo, y por el camino se están llevando por delante el
esencial derecho de defensa, y las consecuencias ya las hemos visto, y
lo que nos queda por ver. Como sucede con los macro sumarios que se
incoan a partir de grandes operaciones policiales de nombres exóticos y a
veces patéticos, muchos de los cuales terminan con sentencias de
primera instancia difícilmente sostenibles en las casaciones o en
estruendosos fracasos en el primer fallo, que posibilitan que los
responsables de graves delitos se vayan de rositas por una instrucción
deficiente de las causas.
Y qué decir del inusitado poder que se le han otorgado a algunas
unidades policiales, como por ejemplo la UCO de plena actualidad. Las
batallas internas de los partidos también llegan a la Policía y la
Guardia Civil, como a los jueces y fiscales, y hemos asistido a
operaciones descabelladas, insólitas. Y cada día conocemos informes en
los que se mezclan verdades con mentiras, pruebas con indicios, todo
ello salpicado de valoraciones jurídicas que les son ajenas a los
cuerpos policiales, porque solo competen a los jueces.
¿A cuento de qué
un policía o un guardia civil ha de entrar en si alguien ha de ser
imputado o no, o ha de calificar jurídicamente unos hechos? Los
responsables policiales, que también abusan con frecuencia de su
autoridad con los detenidos, solo han de investigar, constatar y buscar
pruebas de los hechos delictivos, y poner a los presuntos responsables,
junto a las pruebas obtenidas, a disposición de la autoridad judicial, y
ahí termina su trabajo.
Hoy no sucede así. Hay atestados e informes
policiales que parecen sentencias, se incluyen en los mismos hechos sin
prueba alguna, se omiten informaciones relevantes porque no conviene a
los jefes que están al servicio de políticos y muchas veces, antes de
ser entregados a los juzgados, que tienen decretado por supuesto el
secreto del sumario, se lo facilitan a periodistas de la cuerda del
jefe, y a quien Dios se la dé, San Pedro y las televisiones del duopolio
se la bendigan.
El Estado de Derecho se resiente, la división de poderes es una
quimera y la lucha contra la corrupción es corrupta hasta las cachas.
Vivimos una deriva más que preocupante, y entre tanto, los máximos
responsables de este desaguisado siguen en sus puestos, siguen en la
mamandurria, siguen controlando el cotarro y la democracia se va al
garete. Y ojo, que el problema no es el sistema. No se ha inventado uno
mejor. El problema está en quienes han pervertido el sistema, se han
apropiado del poder, lo manejan a su antojo y no lo sueltan ni pa dios.
(*) Periodista
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