CARTAGENA.- La Comisión de Seguimiento y Control del Agua del Ayuntamiento de
Cartagena se ha reunido hoy bajo la presidencia del alcalde, José
López. En ella ha estado también por parte del Gobierno municipal, la
vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, el concejal de Participación, Juan
Pedro Torralba, y la concejal de Hacienda y Contratación, Isabel García,
además de los portavoces de los tres grupos de la oposición, Francisco
Espejo (PP), Manuel Padín (Ciudadanos) y Pilar Marcos (CTSSPP).
Igualmente se encontraban representantes de la empresa
concesionaria, Hidrogea, y técnicos municipales, encabezados por el
director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás.
Hidrogea
había llevado un notario para levantar acta de la sesión, pero ha
abandonado la sala antes del inicio de la misma por no estar convocado y
al explicarle que la funcionaria secretaria de la comisión era la única
que podía actuar como fedataria pública de la misma y que
además grababa íntegramente el audio las sesiones para que se reflejara
fielmente su contenido en las actas.
Según ha explicado el alcalde
al término de la reunión, la Comisión de Seguimiento y Control es
el cauce legal de relación entre el Ayuntamiento y la concesionaria del
servicio; y la sesión de esta tarde ha tenido un marcado carácter
informativo en el que se ha dado cuenta por parte del Gobierno municipal
de los procesos que hay actualmente hay en marcha.
Entre ellos
los relativos al denominado caso Pokemon y las solicitudes de
información que el juzgado de Lugo ha tramitado ante el Ayuntamiento de
Cartagena con respecto a la concesionaria, empresas y políticos
involucrados en este caso y que han tenido relación con el Ayuntamiento
de Cartagena.
Igualmente se ha dado cuenta del proceso que se
sigue para el establecimiento de una nueva estructura tarifaria y
una rebaja de en torno al 12 por ciento en recibo del agua, de acuerdo a
la actualización que corresponde al estudio de costes elaborado por los
servicios técnicos municipales.
El alcalde ha anunciado que estos
procedimientos, previa resolución de las alegaciones de la
concesionaria después del traslado por diez días que se les dará
presumiblemente mañana, se resolverá próximamente por la Junta de
Gobierno.
Los nuevos precios para las tarifas propuestas por los
servicios municipales podrían entrar en vigor en un plazo que
oscilaría entre uno y tres meses, dependiendo de la tramitación que de
la misma haga la Comunidad Autónoma.
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