CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Consuelo Cano,
aseguró que el oropel de la Consejería de Familia e Igualdad queda al
descubierto con los presupuestos para 2017, y más allá de los anuncios y
la propaganda no contribuirán a suplir las necesidades de los
colectivos más vulnerables. "Ni leyes, ni reglamentos, ni decretos y los
números tozudos que muestran la realidad".
Cano señaló que las cifras de la mejoría no llegan a los dependientes
como deberían llegar; "de hecho están sin cobrar el mes y aunque no es
una ayuda de subsistencia en principio, sí que son muchas las familias
que dependen de ellas para poder ir tirando".
La mejoría tampoco llega a nuestros mayores, que siguen esperando más
plazas de centros de día, de residencia y de ayuda a domicilio, y "que
tras año y medio siguen dando vueltas a un convenio de ayuda a
domicilio, que carga a los ayuntamientos con más trabajo y sin los
dineros necesarios".
Los colectivos de discapacidad esperan igualmente lo que no llega,
"solo tímidos gestos que no compensan del todo el hachazo de los
recortes". En este sentido, la diputada denunció que las ayudas
individualizadas se quedan muy cortas y muy exigentes en sus requisitos.
Los que no tienen dependencia no disponen de ayudas que promocionen su
salud y eviten la futura dependencia".
Tampoco llegan las mejoras ni el decreto prometido a la Atención
temprana, "que ni pública ni gratuita, como anunció la consejera el año
pasado. Solo palabras".
Otra cuestión inaceptable, en opinión de Consuelo Cano, es que la Ley
de Renta Básica siga sin reglamento. "Seguimos con la limosna básica
sin inserción, ni en los presupuestos anteriores ni en los actuales".
Las mejoras de la prestación no llegan y los 2´5 millones de euros de
incremento que rezan en la memoria se destinarán al aumento de personas
que la necesitarán por el actúal panorama de crisis económica,
contradiciendo así a otras Consejerías más optimistas en cuanto al
empleo. "Aunque en la comparecencia la consejera desmienta su propia
Memoria, presentada a los grupos esta semana".
Tampoco lleva camino de llegar el pacto por la pobreza que firmó el
Gobierno regional, comprometiendo un incremento del 5% para la presente
legislatura. Mientras que "la auto declarada revolución social de la
Consejera de Familia no ha pasado de intento de revuelta. Los números no
avalan las promesas realizadas, muy a nuestro pesar".
Asimismo la diputada mencionó que tan fundamental como las cifras en
este presupuesto es que se ponga en marcha ya la maquinaria normativa,
tanto leyes como reglamentos o decretos, necesarios para garantizar las
prestaciones y los derechos subjetivos de los ciudadanos.
Cano reclamó, por último pero no menos importante, que se fortalezcan
los efectivos de control de los servicios públicos que se prestan por
parte de empresas y entidades. "Lo ocurrido con los controladores de
seguridad del Centro de Menores de Las Moreras es un pequeño ejemplo del
desconocimiento y el descontrol que caracteriza la gestión de esta
Administración", concluyó.
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