MADRID.- El sector de las viviendas turísticas reclama una regulación
homogénea de su actividad, ya que actualmente se enfrenta a una
legislación "dispar" que depende de cada comunidad autónoma e incluso de
cada ayuntamiento desde los cambios legislativos de la Ley de
Arrendamiento del 2012.
Fuentes del sector han indicado que cada comunidad autónoma
puede legislar "como quiera", e incluso hay regiones que no lo hacen,
pese a que, según un estudio de la plataforma HomeAway, los más de
100.000 alojamientos de este tipo que hay en España han generado 2.600
millones de euros en ingresos directos en los últimos dos años.
La preocupación sobre la regulación ha vuelto a la actualidad después
de que el Ayuntamiento de Barcelona decidiera esta semana ordenar el
cierre y sanciones a 256 viviendas de uso turístico ilegales, una medida
que será recurrida por HomeAway y la más conocida Airbnb.
Los requisitos generalmente exigidos consisten en la inscripción de
la vivienda en un registro de actividad turística y la presentación de
una serie de documentos entre los que se encuentra la cédula de
habitabilidad de la casa, el estado de la misma, la situación
contractual (propia o en alquiler), el precio y los servicios que
ofrece.
Navarra, Aragón, Cataluña, Canarias, Madrid y Andalucía ya han
aprobado legislaciones para este sector, mientras que Valencia,
Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León lo están estudiando, y
País Vasco y Galicia esperan completar sus normativas este año.
Extremadura y Murcia ni siquiera contemplan elaborar una normativa
para los pisos turísticos, y Baleares carece de una regulación
específica.
La disparidad de criterios normativos que critican las plataformas de
economía colaborativa de servicios turísticos han llegado en algunos
casos hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
En Madrid, las plataformas presentaron un recurso para evitar la
imposibilidad de alquilar las viviendas por menos de cinco días, lo que
fue aceptado por la CNMC.
El Ayuntamiento de Madrid considera que existe un problema con las
miles de viviendas de las que no hay datos oficiales que, aprovechando
las facilidades de las redes sociales y las plataformas tecnológicas, se
ofrecen como supuestas viviendas turísticas sin cumplir los requisitos
legales de las mismas.
Este consistorio estima que este tipo de viviendas podrían acoger a
10.000 personas simultáneamente en la capital y, por ello, aboga por la
autorregulación, recomendando a las plataformas que expulsen a los
propietarios que usen esas viviendas vacías como alquiler profesional
encubierto.
En Canarias, las quejas vienen por la imposibilidad de alquilar estas viviendas en zonas turísticas.
La CNMC también destaca la peculiaridad de Baleares, donde a falta de
una regulación específica no se permite el alquiler de pisos para uso
turístico pero sí de viviendas independientes.
La regulación andaluza, aprobada en febrero, concede bastante
flexibilidad pero impide que una misma persona tenga en alquiler más de
dos viviendas en menos de dos kilómetros cuadrados.
Por su parte, Cataluña cuenta con una legislación bastante flexible,
aunque el Ayuntamiento de Barcelona vigile con "especial interés" este
tipo de servicios, según las plataformas.
De hecho, el gobierno municipal ha multado a Airbnb y a HomeAway con
sendas multas de 30.000 euros acusándolas de incluir en sus ofertas
viviendas que actúan de una forma ilegal.
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