VALENCIA.- La Generalitat Valenciana también
anunció esta semana que la suspensión cautelar dictada por TSJCV sobre la prohibición a la Universidad Católica de Valencia de hacer prácticas universitarias sus alumnos de Medicina en hospitales públicos será
recurrida por la Abogacía de la Generalitat basándose en
distintos hechos y fundamentos jurídicos, que son los que han defendido
desde que empezaran a defender su postura. La primera es la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, apuntan a http://valenciaplaza.com
Esta
norma impide que profesionales de la Sanidad pública puedan ejercer un
trabajo en su horario laboral, -tutelar a estudiantes- para centros
privados. Que dicho profesorado prestara sus servicios en horario de
trabajo para alumnos de un centro privado había originado una situación
anómala y manifiestamente irregular.
Otro marco normativo al que aluden es el Real Decreto 420/2015,
de obligado cumplimiento, que obliga a reformular los conciertos entre
las universidades y la Administración para regular las prácticas. El
citado real decreto, en su disposición final tercera establece que "un
hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto o
convenio a una universidad para la impartición de una misma
titulación".
Procedía una urgente reorganización ajustada a la legalidad, a las necesidades formativas y con respeto a todas las universidades.
Procedía una urgente reorganización ajustada a la legalidad, a las necesidades formativas y con respeto a todas las universidades.
La Generalitat también alude a otra serie de irregularidades que, según apuntan, están resolviendo. Los
convenios de colaboración vencidos y sin vigencia, circunstancia que se
puso en conocimiento de la Universidad Católica de Valencia el 31 de
mayo de 2016. "La falta de vigencia de los mismos no ha sido objeto de alegación alguna por parte de la citada universidad", reprochaban.
También destaca la inexistencia de comisiones mixtas, como las que sí existen en las universidades públicas,
"que permite un marco de relación transparente y de diálogo entre las
dos partes". Se suma a ello la realización de prácticas en hospitales
públicos sin participación de la Escuela Valenciana de Estudios de la
Salud (EVES), órgano competente en la materia; o el nombramiento de
profesorado sin pasar por procesos reglados y selectivos mínimos.
No
obstante, insistieron en que velan por que todos los alumnos que ya han
comenzado sus estudios puedan acabarlos y no se vean perjudicados por
"el sistema irregular de prácticas que existía".
En el recurso que interpondrá la Abogacía, se documentarán y fundamentaran debidamente estas argumentaciones. La
Generalitat subraya que la prioridad durante este proceso ha sido
siempre velar por el interés de los estudiantes y porque se garantice
la calidad de la formación que se imparte en las prácticas en los
centros e instituciones sanitarias públicas.
Para
que todos los alumnos que ya hayan comenzado sus estudios puedan
acabarlos y no se vean perjudicados por el sistema irregular de
prácticas que existía, la Administración continúa trabajando para
cumplir con su compromiso de garantizar que todos los estudiantes
matriculados con anterioridad al curso 2016-2017 en universidades
privadas puedan realizar sus prácticas en centros sanitarios, y
finalizar unos estudios que iniciaron sin tener conocimiento del sistema
irregular de prácticas que existía.
Tanto la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública como la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte han tratado, en distintas reuniones con las universidades
públicas y privadas (una de ellas el pasado 25 de julio), de resolver
estas situaciones "manifiestamente irregulares".
La
Generalitat también alude a otra serie de irregularidades que según
apuntan, están resolviendo. Los convenios de colaboración vencidos y sin
vigencia, circunstancia que se puso en conocimiento de la Universidad
Católica de Valencia el 31 de mayo de 2016. "La falta de vigencia de los
mismos no ha sido objeto de alegación alguna por parte de la citada
universidad".
Según un comunicado, la Abogacía de la Generalitat interpondrá un recurso de reposición ante el auto del TSJCV basándose en distintos hechos y fundamentos jurídicos.
"Además de respetar el auto judicial, la Generalitat debe mantener el respeto absoluto a la normativa vigente", dice el comunicado.
Según un comunicado, la Abogacía de la Generalitat interpondrá un recurso de reposición ante el auto del TSJCV basándose en distintos hechos y fundamentos jurídicos.
"Además de respetar el auto judicial, la Generalitat debe mantener el respeto absoluto a la normativa vigente", dice el comunicado.
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