MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha denunciado hoy que el
PP "conocía perfectamente" que la empresa Ayuda a domicilio S.A.L "no
reunía la estructura económica necesaria" para poder hacer frente a la
gestión del servicio desde antes de iniciar la relación contractual que
aún les une, tras la última adjudicación en 2010.
Prueba de ello fue la solicitud de Ayuda a domicilio de rebajar el
aval del contrato del cinco al uno por ciento, y que contó con el visto
bueno del Ayuntamiento a pesar de que esta operación suponía renunciar a
1,1 millones de euros en caso de que la empresa tuviera deudas con los
trabajadores tras la extinción del contrato.
Según ha explicado Ramos, la empresa, cuyo contrato asciende a cinco
millones de euros al año, tampoco pudo hacer frente a dicho aval de
forma directa y solo garantizó 883.242 del mismo, por lo que tuvo que
pedir al Consistorio una retención en el precio de más de 250.000 euros.
A esto se suma que Ayuda a domicilio tiene una deuda con la Seguridad
Social de 291.830 euros, con lo que mensualmente tiene que hacer frente
a una cuota de deuda de 11.665 euros, y que el convenio entre una y
otra está también avalado por el propio Ayuntamiento.
Para el edil de Cambiemos Murcia, "lo más grave" es que cuando ya se
habían producido impagos a los trabajadores el Consistorio decidiera,
bajo la dirección de un gobierno en funciones, la prórroga del contrato
por un año y medio y priorizar el pago a esta empresa antes que al
resto.
También como "cuestión preocupante" ha señalado la "alta
conflictividad" que supone la diferencia salarial entre trabajadores que
tienen el mismo puesto. Mientras los más antiguos, probablemente
socios, llegan a suponer un coste salarial para la empresa de 33.118
euros, el de los últimos contratados es de a 17.184.
Cambiemos Murcia ha considerado que la "ruinosa" situación de la
empresa deja la puerta abierta a nuevos impagos a los empleados como los
aplicados en diciembre de 2015 y enero de 2016, ante lo que el equipo
de Gobierno no puedo volver a prorrogar el contrato, sino estudiar
medidas jurídicas para evitar este tipo de situaciones.
La formación municipalista ha apostado porque en el nuevo pliego de
condiciones quede garantizada la subrrogación total de los empleados
actuales, así como el mantenimiento de las condiciones de trabajo.
Igualmente, ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento negocie
con la Comunidad Autónoma para que que el servicio siga siendo
gestionado desde la administración local, y analice las posibilidades de
remunicipalizarlo, asumiendo a los trabajadores como personal laboral
del Ayuntamiento.
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