MURCIA.-La organización ecologista Greenpeace ha decidido personarse en el 'caso Topillo', que investiga la degradación del Mar Menor
por los posibles vertidos a la laguna. Un caso que nacía en 2017 por la
denuncia del por el entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, José
Luis Díaz Manzanera, ahora Fiscal Jefe del TSJ de Murcia.
Ante
la grave crisis ecológica que sufre el Mar Menor y que ha puesto en
riesgo la supervivencia de toda su flora y fauna, la organización
ecologista Greenpeace ha decidido personarse como acusación en el
conocido como 'caso Topillo' en el que se investigan vertidos
continuados de salmuera en esta zona y unirse así a las ONG que ya están
en el proceso.
La
situación del Mar Menor puede desembocar en la muerte total o
'ecocidio' de su ecosistema, señalan desde la organización en un
comunicado. Sin embargo, "los sucesos que convirtieron en 2016 este
espacio natural único en Europa en una 'sopa verde' o el impacto
acumulado de las actividades agrícolas, acelerado por gotas frías como
la ocurrida el pasado otoño, siguen evidenciando la ausencia de
políticas decididas para salvar este entorno", remarcan.
Por
ello, en su escrito de personación Greenpeace señala que "es ahora
cuándo se ha puesto de manifiesto la situación límite en la que se
encuentra el ecosistema", en especial a raíz del extraordinario episodio
de muerte masiva de fauna ocurrido el 12 de octubre de 2019, que supuso
al menos la muerte de hasta tres toneladas de peces y al que" se han
asociado otros hechos subsecuentes como la aparición masiva de mucílagos
u organismos fitoplanctónicos potencialmente tóxicos".
"De
ser ciertos estos hechos, se estaría investigando una actividad que
presumiblemente habría atentado contra el interés general de la
ciudadanía, pues habría afectado gravemente a uno de los mayores
patrimonios naturales de la Región de Murcia y de toda Europa", ha
declarado Lorena-Ruiz Huerta, abogada de Greenpeace España.
En
la causa que instruye el Juzgado nº 2 de Instrucción de Murcia, se
investiga como posibles responsables de estos hechos a varias decenas de
empresas agrícolas, autoridades políticas y funcionarios, que podrían
haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la
persecución del delito ambiental.
Décadas
de ausencia de políticas de protección, y de autoridades que han mirado
para otro lado mientras los intereses agrícolas se enriquecían, a costa
de realizar vertidos a la laguna litoral, han llevado al Mar Menor al
límite de su supervivencia. Al personarse en esta causa Greenpeace busca
contribuir de la mejor forma posible al éxito de la investigación
judicial, en la que ya se encuentran las organizaciones Ecologistas en
Acción y ANSE.
Greenpeace
España cuenta con una larga trayectoria de actuación ante los Tribunales
en defensa del medio ambiente, entre cuyas actividades se encuentran
casos como la demolición del hotel Algarrobico (Almería), o más
recientemente, la adopción de una medida cautelar por un Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Madrid, que paralizó el intento del
Ayuntamiento de Madrid de suspender la zona de bajas emisiones, Madrid
Central.
A
principios de febrero de este año, el titular del juzgado de
Instrucción nº 2 de Murcia que investiga el 'caso Topillo' citó a
declarar otras 19 empresas, de las 80 investigadas, para que presten
declaración durante el pasado mes en el denominado caso Topillo por la
contaminación del Mar Menor por supuestos vertidos de explotaciones
agrícolas ubicadas en el campo de Cartagena.
Con
ellas, ya son 59 las empresas que han sido citadas para comparecer ante
el magistrado, de las 80 señaladas como investigadas en las diligencias
previas iniciadas tras la denuncia de la Fiscalía por el deterioro
sufrido por el Mar Menor.
Está
previsto que en abril pueda concluirse la toma de declaración de las
empresas agrícolas investigadas en este caso de gran repercusión
mediática.
Ahora la organización que lucha por el medio ambiente en todo el mundo ha decidido personarse en la causa.
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