MURCIA.- La juez de guardia ha requerido a la
Dirección General de Salud Pública para que informe de la situación en
las dependencias de la residencia de personas mayores de Caser en la
pedanía murciana de Churra y en la residencia de personas con
discapacidad de Churra.
En concreto, la jueza ha solicitado el número de positivos, las
medidas y sistemas adoptados para evitar contagios, el personal
sanitario disponible, así como cualquier otro aspecto relevante
asistencial y de salud, según ha informado el Tribunal Superior de la
Región de Murcia (TSJMU).
Cabe recordar que el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha
confirmado este viernes por la mañana que un centenar de usuarios de
nueve residencias y centros de personas mayores han dado positivo por
coronavirus en la Región de Murcia y cinco han fallecido, mientras que
25 profesionales también están contagiados.
De momento, la Consejería de Salud ha actuado desde un punto de
vista sanitario en cuatro residencias, la CASER en Santo Ángel, la de
ORPEA en Cartagena, la de la pedanía murciana de Churra y otra en el
municipio de Santomera. En ellas, el personal médico del Servicio
Murciano de Salud (SMS) está haciendo el seguimiento de los casos
detectados e implementando las medidas contempladas en los planes de
contingencia.
Cuatro de los cinco fallecidos en este tipo de centros residían en
las instalaciones de CASER en Santo Ángel, y el restante vivía en la
residencia ORPEA de Cartagena, que falleció en una clínica privada.
En cuanto a las críticas de los trabajadores de la residencia de
Santo Ángel que dicen no haber sido sometidos a la prueba de detección
de la enfermedad, Villegas ha precisado que el análisis se debe hacer a
quien tenga síntomas y, en caso contrario, no está indicado. Con todo,
ha señalado que se ha practicado a 19 personas que estaban trabajando en
este centro y todas dieron positivo.
Asimismo, respecto a una posible denuncia por parte de los
usuarios del centro de personas con discapacidad de Churra por la
gestión de la crisis, Villegas ha señalado que, desde un punto de vista
legal, "la gente tiene derecho a hacer lo que quiera", y ha asegurado
que irá a declarar cuando tenga que hacerlo.
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