MURCIA.- Las personas que solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia deben esperar una media de 426 días (479 en la Región de Murcia) hasta que reciben respuesta de la administración, cuando la ley establece que ese plazo no debe superar los seis meses (180 días), y siguen aumentando las listas de espera hasta las 423.000 personas (10.208 en la Región).
Son
datos de la nueva estadística del Sistema de la Dependencia que publica
el Imserso, que incorpora por primera vez ese tiempo de tramitación de
expedientes con el objetivo de evaluar la marcha del sistema y analizar
posibles mejoras y que alerta de que en cuatro comunidades se superan
los 18 meses (más de 540 días).
Solo
las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); País Vasco (137),
Navarra (155) y Castilla y León (191) cumplen esos plazos.
Las comunidades que acumulan más tiempos de espera son Canarias (785), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).
La
estadística muestra también que, por primera vez desde 2016, el número
de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado y
que el número de fallecimientos de personas sin haber recibido las
prestaciones es de 85 personas al día (se estima que unas 31.000
personas murieron en 2019 sin recibir esa atención).
Otra
parte de la nueva estadística se dedica a ofrecer datos sobre las
intensidades de las prestaciones y servicios. Las prestaciones
económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de
247 euros (que perciben actualmente 425.000 personas).
En
concreto, para el Grado I (moderada) el promedio es de 140 euros al
mes, 245 para el Grado II (severa) y 340 para Grado III (gran
dependencia).
La Asociación de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye estos retrasos en
la tramitación, tras 13 años de implantación de la ley, "en lo sucesivos
recortes" en su financiación (aún vigentes) que afectaron
gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de
desatención al no resolver los procedimientos por parte de las
administraciones".
"El
disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes
administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos
de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al
disfrute de prestaciones y servicios", critica la asociación.
Así,
la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos
administrativos encadenados (la resolución del grado de dependencia y la
prestación o servicio que disfrutará la persona) y muchas veces, cuando
llegan esas resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto
que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
Además,
la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades
de la vida diaria "supone graves trastornos a las personas dependientes y
genera importantes sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres,
que son el 75 % de las personas que prestan los cuidados familiares".
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