El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, la Abogacía del Estado, la
Fiscalía, el Tribunal Supremo y el PSOE deben actuar de contundente
manera frente las injustas decisiones de la Justicia belga y la Corte de
Luxemburgo sobre Junqueras (y Puigdemont) en defensa del Estado de
Derecho español y de la soberanía nacional.
Y en el ámbito estrictamente jurídico no hay que olvidar que fue el
Tribunal Supremo español el que consultó a la Corte de Luxemburgo sobre
la presunta inmunidad de Junqueras, cuya condición de diputado también
le fue negada por el Parlamento Europeo. Lo que avala el desarrollo del
juicio del Tribunal Supremo y su sentencia, ante cualquier instancia
internacional.
Una situación esta que obligan a Sánchez y al PSOE a rechazar el
último chantaje de ERC que les exige, para facilitar la investidura de
Sánchez, que el Gobierno, el PSOE, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y
Tribunal Supremo se pongan al servicio del delincuente Oriol Junqueras y
el prófugo Carles Puigdemont.
Porque si no lo hacen el Gobierno, Sánchez y el PSOE serán coautores
de posibles delitos y de un ataque frontal al Estado de Derecho y la
soberanía nacional. Y tan altísimo coste no puede justificar la ambición
personal de Sánchez de anteponer su investidura al interés general de
España.
De manera que, ante esta grave situación sorprende la falta de la
inmediata y contundente respuesta del Gobierno de Sánchez y del PSOE en
defensa de la Justicia Española, negándose a toda concesión a Junqueras y
de paso a una negociación con ERC ‘de Gobierno a Gobierno’ como si
Cataluña no fuera parte de España.
Y si Sánchez, empeñado en su ambición personal y empujado hacia
abismo por Pablo Iglesias, decide bordear la legalidad y la Constitución
cabe incluso la posibilidad de que incurra en delitos de fraude de ley y
otros más graves, sin olvidar que cuando accedió a la presidencia del
Gobierno en el año 2018 prometió ‘guardar y hacer guardar la
Constitución’.
De manera que estamos en una encrucijada decisiva para España y
Sánchez debe optar por el lado de la Constitución y el Estado de
Derecho.
Y si quiere ser presidente del Gobierno debería comenzar a
explorar la propuesta que le hizo Inés Arrimadas de pactar un ‘Gobierno
constitucional’ entre el PSOE, PP y Cs (con una base parlamentaria de
221 escaños), rompiendo tanto su relación con Podemos como con la ahora
encrespada ERC y regresando a la senda constitucional. La que nunca
debió de abandonar.
En cuanto a Junqueras y Puigdemont, digan lo que digan en Luxemburgo y
en sus partidos separatistas, siguen siendo dos delincuentes que han de
cumplir las sentencias (a igual que Quim Torra ahora condenado a un año
y medio de inhabilitación) y responder ante la Justicia.
Y de ello se
tienen que encargar el Gobierno en funciones con apoyo decidido del PSOE
y la fuerza moral y legal del Estado que los dirigentes golpistas
pretenden soslayar.
Siempre se ha dicho que en las grandes crisis hay oportunidades. Pues
bien esta es una gran oportunidad para que Sánchez, reforzando su
liderazgo en toda España, opte de manera decidida por la senda
constitucional.
(*) Periodista
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