Pese a la dificultad que supone mantener un ritmo continuado de
movilizaciones masivas en la calle -tres desde el 11 de septiembre- el
independentismo catalán ha vuelto a demostrar este sábado en Barcelona
que su capacidad de convocatoria continúa intacta.
A lo
largo de más de tres kilómetros de la calle Marina, desde el mar hasta
Travessera de Gràcia, más de 20 manzanas de casas, cientos de miles de
personas, seguramente más de medio millón, se lanzaron a
la calle a reclamar la libertad de los presos políticos catalanes. A
diferencia de las últimas movilizaciones, la presencia de no
independentistas se hizo evidente en las redes sociales.
Hace dos años,
en el mismo tramo, la Guàrdia Urbana cifró en 750.000 los
asistentes; este año, con una presencia muy similar, la redujo a
350.000. Por en medio, el cambio de responsable de seguridad del
Ayuntamiento, hoy en manos del concejal Albert Batlle y de una
alcaldesa, Ada Colau, votada para el cargo con el apoyo de PSC y de los
concejales de Manuel Valls.
Ciertamente, la cifra ofrecida por la Guàrdia Urbana es una
provocación y por ello es bueno destacarlo. Pero menor al lado del
ejercicio democrático y de apoyo a los presos y sus familiares en una
hora tan difícil, tras la sentencia del Tribunal Supremo que les ha condenado a cien años de prisión, desde los nueve de los Jordis -Sànchez y Cuixart- a los 13 de Oriol Junqueras.
El independentismo está respondiendo de una manera permanente desde el
pasado día 7 con movilizaciones que, en su gran mayoría, han acabado sin
actos vandálicos. De hecho, no ha habido normalidad en Catalunya desde
aquella fecha ya que se han visto afectadas las infraestructuras, la
vida cultural, universitaria, asociativa, e incluso se ha aplazado el
clásico Barça-Madrid previsto para este sábado.
El pretendido
escarmiento del Estado español no ha hecho sino incorporar mayor tensión a la situación
ya que han quedado al descubierto desde la incapacidad política para
abrir una via de diálogo hasta la injusticia de unas condenas por unas
penas que ni se han podido probar, ni se podrán defender en Europa.
La movilización del independentismo no se va a
reducir ni con con la actuación de la justicia ni con la intervención
policial. Esto ya ha quedado meridianamente claro. El conflicto político
necesita una pista de aterrizaje político y por eso el problema está
enquistado desde hace años.
La manifestación multitudinaria
de este sábado lo vuelve a constatar, por más que la calculadora de los
medios unionistas aproveche las cifras de la Guàrdia Urbana para
elucubrar y elucubrar sobre una reducción de la movilización del
independentismo. Son los mismos que hace unos meses aseguraban, sin
recato alguno, que la sentencia del Supremo sería "un bálsamo para la
tensa situación política en Catalunya".
Con las urnas a la vuelta de la
esquina, el 10 de noviembre, y en unos comicios siempre difíciles para
el independentismo como son las elecciones españolas, veremos en
qué quedan las sumas y restas de los independentistas. La noche del 10-N habrá nuevamente en Catalunya una gran sorpresa.
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