El abogado Gonzalo Boye ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares de ningún tipo por
la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, tras una declaración de
unos veinte minutos. La Fiscalía, pese a todo el revuelo que se produjo
el pasado lunes, pedía tan solo unas cautelares de comparecencia en el
juzgado los días 1 y 15 de cada mes que la juez no ha aceptado.
Aunque
la duración de las noticias en un punto álgido informativo es cada vez
menor, vale la pena recordar cuáles eran las acusaciones -hace tan solo
48 horas- y el por qué del registro policial a su domicilio y a su
despacho durante trece horas el pasado lunes: blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico.
Una acusación grave que, a la vista de la decisión judicial, tenía muy
poca consistencia pero que, en cambio, sí que ha conseguido el efecto
perseguido: clonar el teléfono de Boye, disponer de acceso a su correo
electrónico y minar su reputación como letrado.
Para los que no lo saben, Boye es el abogado del president Carles Puigdemont
y de varios exiliados del Govern residentes en el extranjero y de algún
otro preso político, también fuera de España. Un dato sin el cual no se
entiende la enorme operación policial, que desprende, se mire como se
mire, un fuerte hedor de las cloacas.
Alguien parece haber pensado y
decidido que esa era una manera tan buena como cualquier otra de
atropellar con el menor coste posible tanto al quisquilloso y polemista
letrado como al president Puigdemont, una auténtica mosca cojonera para
el Estado español.
Lo cierto es que la operación policial del lunes no
puede ser 48 horas después más ridícula ya que si nos abstraemos de la
burbuja mediática madrileña unionista, que se mueve en círculo sobre sus
propias teorías, la condena del relator del Naciones Unidas para la
independencia de los magistrados y abogados no puede ser más explícita
así como el pronunciamiento de organismos internacionales de abogados.
Es obvio que, en función del uso que se acabe haciendo de un material
sensible obtenido, repito, a rebufo de una intervención policial por un
caso vinculado al narcotráfico, la situación puede acabar facilitando
una información confidencial abogado-cliente en el caso de Puigdemont
y de otros presos políticos.
También de otros clientes que el letrado
pueda tener. No debería ser así en ningún caso y máxime con la
paradójica situación de libertad sin cargos de Gonzalo Boye. Pero lo
cierto es que su móvil ha sido clonado y el hipotético uso que se pueda
hacer escapa absolutamente a su control.
Y, por delante, está el inicio
de la demanda de extradición solicitada por el juez Pablo Llarena en
nombre del reino de España y que se inicia el próximo martes en Bélgica
con las preliminares. No hay que ser especialmente suspicaz para creer
en las causalidades más que en las casualidades.
El relator especial de las Naciones Unidas para la
independencia de los magistrados y abogados, Diego Garcia-Sayán, ha
expresado su preocupación por los ataques contra Boye y ha reclamado que
el ejercicio de la profesión de abogado tiene que estar libre de
influencias, presiones y control político o gubernamental.
El Centro
Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Berlín, ha
denunciado la operación al relator especial de la ONU asegurando que la
actuación policial estaba basada en un pretexto falso con el objetivo
de desacreditar a Boye. Son posiciones importantes de una situación que
ha desbordado las fronteras españolas. Un motivo más que suficiente de
la perplejidad extranjera cuando intentan arrastrarte por el barro.
(*) Periodista y director de El Nacional
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