Si no hay una investidura
el 23 de septiembre, se disolverán las cámaras, y se convocará las
elecciones para el 10 de noviembre. Por las informaciones publicadas,
parece que el PSOE prefiere un gobierno en solitario y UP un gobierno de
coalición.
El PSOE parece que está intentando retrasar mucho el inicio
de las negociaciones para así dejar a UP sin margen para hacer
contraofertas, y se vean más obligados a aceptar acuerdos "a la baja".
Tampoco han iniciado negociaciones con otras formaciones como el PNV, lo
que indica que las intenciones de llegar a acuerdos no son muy altas.
En
estas épocas de negociación, es difícil descifrar cuáles son las
preferencias reales de cada formación política. Sin embargo, parece que
el PSOE y, en menor medida, UP no tienen mucho miedo a volver a celebrar
elecciones. Para ambos parece que puede ser su segunda preferencia.
De
hecho, si hacemos caso a las encuestas que se han publicado en los
últimos días, el PSOE podría ganar apoyo, y UP no sufriría un embate muy
pronunciado, pudiendo mantener muchos de los votos. Además, estas
encuestas pronostican una mayoría absoluta del PSOE con UP, ya que
descendería el apoyo de Cs y Vox.
Sin embargo, además de que con este tipo de encuestas
resulta difícil calcular los escaños que finalmente puede obtener cada
partido, es complicado identificar el nivel de participación electoral
que se va a alcanzar. Es decir, los encuestados pueden declarar su
intención de ir a votar, porque está socialmente más aceptado, pero
luego pueden cambiar su comportamiento en la jornada de los comicios y
quedarse en casa, como ya pasó en las elecciones de 2016.
Tener
en cuenta el nivel de participación es especialmente relevante porque
los abstencionistas tienen un perfil determinado, y suelen afectar a
partidos concretos. En general, tienden a tener niveles menores de
educación o de ingresos.
Aquellos que provienen de clases económicas más
pudientes, se han socializado en círculos donde tienen más recursos de
tiempo, de educación y dinero para entender la política y hacer lo que
les conviene más, dando mucha más importancia a obligación moral de
votar.
La edad es otro factor que afecta a la probabilidad de ir a las
urnas. Aquellos que son jóvenes se encuentran más alejados de las
problemáticas de la vida adulta, y tienden a votar mucho menos. Así, los
jóvenes y gente de clase trabajadora, que son los que acostumbran a
votar más a PSOE o UP, son aquellos que tienen más probabilidad de no ir
a votar en la siguiente cita electoral.
Por otra
parte, a los ciudadanos, al ver la imposibilidad de formar gobierno de
las fuerzas de la izquierda puede invadirles un sentimiento de
alejamiento hacia las instituciones o tener fatiga electoral, y
desmovilizarlos en los siguientes comicios. De hecho, en las elecciones
de junio de 2016, tuvo el mayor nivel de abstención desde que se
instauró la democracia en las elecciones generales, un 66,4%.
Además, en
un contexto donde se ha ido normalizando la presencia de Vox en las
instituciones, va a resultar más difícil que se apele a una campaña del
miedo, como ocurrió en las elecciones de 2019. Aquellos que se habían
movilizado por este hecho en las anteriores elecciones, se queden el
domingo en casa para las siguientes.
No se puede
olvidar el efecto del conflicto territorial entre el Estado y Catalunya
en la formación del gobierno. Los partidos independentistas pueden ser
necesarios ante una posible investidura, como lo son actualmente. Sin
embargo, conseguir el apoyo de estas formaciones después de una
sentencia dura sobre "el procés", va a resultar muy difícil, y va a
agravar el conflicto que existe. Incluso esta sentencia podría modificar
el patrón de voto en Catalunya.
En definitiva, muchas
veces existe una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Ante
unas nuevas elecciones, el nivel de abstención se puede elevar mucho.
Pudiendo afectar negativamente, especialmente, a las fuerzas de
izquierda. Si se convocan unas nuevas elecciones, los partidos tendrán
trabajo para movilizar ese voto.
(*) Politóloga
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