MADRID.- Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, ha decidido
aplicar unilateralmente una rebaja del 10% a los contratos con las
empresas del cartel del AVE que aún están vigentes. La empresa pública
se siente perjudicada por el sobreprecio que provocó el pacto entre las
compañías y les va a retener el 10% y a consignar esa cantidad ante
notario. Adif toma esta decisión cuatro meses después de la multa
de 118 millones de euros de Competencia a las 15 principales
adjudicatarias del sector ferroviario por repartirse contratos públicos, según publica El País.
Se avecina una guerra entre Adif y sus principales adjudicatarias,
las 15 empresas que suelen llevarse todos los contratos de
infraestructuras ferroviarias y que en marzo pasado fueron multadas por
la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) por ponerse de acuerdo durante al menos 14 años para presentarse a los concursos por turnos.
Algunos de los 275 contratos amañados siguen en vigor y el gestor de la
infraestructura ferroviaria considera que el daño al erario público se
sigue produciendo. Según la CNMC, los servicios licitados se
encarecieron, con el consecuente perjuicio para las arcas públicas
“debido a la reducción tanto del número de ofertas presentadas como de
los descuentos ofertados”.
Adif anunció en abril que reclamará en los tribunales por daños y perjuicios a las empresas —entre
las que hay filiales de ACS, Sacyr y OHL y multinacionales como Siemens
y Alstom (esta última denunció los hechos acogiéndose al programa de
clemencia de la CNMC)—, pero no puede hacerlo hasta que haya sentencia
firme. Todas las sancionadas han recurrido la resolución de Competencia
ante la Audiencia Nacional. Si luego acudieran al Supremo, el proceso
podría prolongarse durante cinco o seis años.
Entre tanto, Adif ha adaptado los nuevos pliegos incluyendo cláusulas de “integridad y lucha contra el fraude” que protegen a la empresa pública de futuros casos de prácticas cartelistas o colusorias, según anunció en mayo pasado.
Pero ninguna de estas medidas va a resarcir a Adif en el corto plazo,
así que la empresa ha decidido, en gesto sin precedentes en el sector
público, tomar la iniciativa reduciendo las facturas que aún debe pagar
en un 10%.
Las empresas del cartel del AVE abandonaron las prácticas
ilegales cuando conocieron la denuncia, pero el gestor de
infraestructuras cree que el daño sigue existiendo por los contratos que
aún están vigentes, ya que se mantienen los precios originales.
En las últimas semanas, Adif ha empezado a pedir a las compañías que
le hagan llegar las nuevas tarifas. En la primera comunicación, ha
intentado que sean ellas mismas las que resten el sobreprecio. Entiende
que en lo que quede de vida a los contratos deberían aplicarse precios
rebajados.
Esto ocurre por ejemplo en una de las licitaciones de
mantenimiento, a la que aún le quedan cinco años de vigencia, y en otros
casos en los que los trabajos están terminados pero falta la
certificación final.
En las cartas Adif indica que si las empresas no calculan y le envían
los nuevos precios, no tramitará ni la emisión de certificaciones ni
liquidará contratos ni cancelará garantías depositadas.
Al menos una de
las empresas ha respondido negándose a hacer el recálculo, según fuentes
conocedoras del conflicto, por lo que Adif ha pasado a la segunda fase:
le ha comunicado que va a aplicar la retención del 10% sobre las
facturas que queden por tramitar. Los importes que unilateralmente deje
de pagar los va a depositar ante notario, salvo que las compañías
acepten ofrecer una garantía por ese importe.
Prohibición de contratar
Según Adif, ese 10% es el porcentaje que se estima como el mínimo sobreprecio que se produce cuando se detectan prácticas cartelísticas como la que sancionó la CNMC.
La empresa pública añade que no descarta licitar un peritaje más
adelante para hacer las cuentas al detalle.
Las sancionadas, o bien no
pudieron ser localizadas por cerrar sus oficinas en agosto, o bien
rehusaron comentar la decisión de Adif de exigirles una rebaja en los
contratos y de aplicar una retención del 10% ante su negativa.
La gran novedad de la resolución de la CNMC —que por primera vez en
España activó el procedimiento para prohibir a las empresas sancionadas
seguir contratando con la Administración— no se ha puesto en marcha y no
parece que vaya a hacerlo próximamente. Este hecho también ha influido
en la decisión de Adif.
La medida está prevista en la Ley de contratos
del sector público de 2017. Según el artículo 72, “la competencia para
fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar” corresponde
al ministro de Hacienda y Función Pública. Un portavoz de Hacienda
señaló que su departamento está a la espera de que se pronuncie sobre la
cuestión la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Mientras tanto, las empresas sancionadas han seguido ganando
licitaciones con la Administración. Entre el día de la resolución de la
CNMC, el 14 de marzo, y el viernes 9 de agosto, las empresas sancionadas
habían conseguido contratos con las diferentes administraciones
públicas españolas por valor de 299,7 millones de euros (sin IVA).
El
mayor de los 283 contratos licitados en estos meses lo
obtuvo una UTE (unión temporal de empresas) con Neopul-Sacyr (38,3
millones de euros sin IVA) para construir el tramo Hernani-Astigarraga
de la plataforma en la nueva red ferroviaria en el País Vasco. El
presidente de Sacyr aseguró en abril que la CNMC les ha acusado “sin
pruebas”. Fuentes de la compañía recordaron que Neopul solo ganó uno de
los contratos señalados formando parte de una UTE y que ninguno de sus
directivos ha sido multado.
Siemens y Alstom, las denunciantes, también recurren la resolución
Las empresas sancionadas han recurrido la resolución de la CNMC.
Hasta ahí lo previsible, ya que casi todas las multas de Competencia se
llevan a los juzgados. Lo sorprendente es que también Alstom y Siemens,
las denunciantes, han llevado su discrepancia a la Audiencia Nacional,
según confirman dos fuentes.
La CNMC decidió eximir del pago de la multa
a Alstom Transporte, a su matriz y a sus directivos por haber sido
solicitante de clemencia. El montante que le correspondía era de 8,9
millones de euros (8,8 millones a Alstom más 155.700 euros a sus
directivos).
Por el mismo motivo, Competencia hizo una rebaja del 45% a
la multa que le correspondía a Siemens y a su matriz, y que finalmente
quedó en 9,24 millones de euros. Ambas empresas aportaron pruebas de la
existencia del cartel y pidieron ser eximidas de la multa, en el caso de
Alstom, o que esta fuera rebajada, en el de Siemens. Ninguna quiso
hacer comentarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario