Los empresarios catalanes que este sábado acudan a la clausura de las jornadas del Cercle d'Economia de Sitges
dispondrán de una nueva oportunidad de expresar al Gobierno español su
malestar por el maltrato que recibe Catalunya año tras año por parte del
Estado en lo que se denomina la inversión territorializada del Ministerio de Fomento y que afecta de una manera clave a las infraestructuras.
La visita del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez,
debería servir para eso en un foro que antaño era muy exigente en este
tipo de cuestiones, y se vanagloriaba de ello, y que ha ido dejando de
lado estas reivindicaciones con argumentos tan peregrinos como, por
ejemplo, que así no se le confunde con el movimiento independentista.
Y el momento no puede ser más oportuno. La Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) acaba de hacer público que Catalunya
ha recibido en el 2018 el 10,4% de la inversión estatal, que es el porcentaje más bajo desde el 2015,
cuando se situó en el 8,4%. ¿Qué nos dice este porcentaje?
Básicamente,
dos cosas: que no se respeta el que le correspondería en función de su
peso en el PIB del conjunto del Estado, que es del 19%, ni, tampoco, si
se sigue el criterio de población, que es del 16% del total. El Estado
solo ejecutó en Catalunya el 57,7% de la inversión presupuestada cuando
la media española se situó el pasado año en el 75%.
Vale la pena incorporar aquí otra cifra que también tiene mucho que ver con la economía catalana como es la financiación autonómica,
cuyo modelo está vencido desde hace mucho tiempo y que es especialmente
lesivo para Catalunya. La renovación se tenía que haber hecho en el año
2013 y, por ejemplo, en noviembre de 2017, el entonces jefe de la
oposición Pedro Sánchez declaró pomposamente en Valencia que daba hasta
diciembre a Mariano Rajoy para que propusiera un nuevo sistema.
Se fue
Rajoy, llegó Sánchez y el sistema de financiación ni está ni se le
espera. Mientras tanto, ha habido promesas de lluvias de millones
y de presupuestos mágicos que por una u otra razón nunca acaban
llegando a buen puerto. Claro que lo más fácil -y, sin duda, lo más
cómodo- es mirar siempre hacia la Generalitat, administración a la que
con las manos atadas se le pide que dé respuestas que solo puede
ofrecer, en la actual coyuntura política, un Estado.
Inversión y financiación autonómica son dos caras de la misma moneda y
que no es otra que el maltrato que reciben los ciudadanos de Catalunya.
No los ciudadanos independentistas de Catalunya, todos ellos; también
los que votan otras opciones ideológicas pero tienen su base empresarial
en Catalunya.
Los que este sábado estén en Sitges también son
igualmente castigados en la parte que más les afecta directamente: en
sus exportaciones, en el precio de la energía o en el déficit endémico
de las infraestructuras, por poner tres ejemplos.
Porque, al final, los
incumplimientos y la mala fe acaban siendo, se mire como se mire, un
lastre insoportable para toda la ciudadanía.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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