MURCIA.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha remitido una
carta a la Consejería de Transparencia y Participación de la Región de
Murcia en la que reclama que estudie una vía de solución que dote al
Consejo de la Transparencia de los medios económicos, materiales y
personales adecuados, «junto con la autonomía que como ente
independiente precisa».
Este serio tirón de orejas del Defensor del
Pueblo al Gobierno regional es uno de los puntos del orden del día de la
reunión que hoy celebrarán los miembros del Consejo de la Transparencia
de la Región de Murcia (CTRM).
El Defensor del Pueblo, a
solicitud del presidente de esta institución, José Molina, ha examinado
la situación del Consejo de la Transparencia, creado en 2015 para
realizar funciones de autoría y control en materia de publicidad activa,
conocer las reclamaciones que se presenten contras las resoluciones en
materia de acceso a la información y una función consultiva en materia
de transparencia.
«Sin embargo, -dice la carta de Fernández Marugan- la
falta de recursos personales y materiales impide el desempeño de las
funciones asignadas, cuestión que ha sido planteada en varias ocasiones a
esa Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz del Gobierno
de la Región de Murcia sin resultado».
El Defensor del Pueblo
señala que, «según la normativa aplicable al CTRM le corresponde la
elaboración y aprobación de su anteproyecto de cuentas, que tendrá que
figurar como una sección dentro de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, circunstancia que no se ha dado, ya que los
presupuestos son presentados directamente por esa Consejería, sin que se
hayan tenido en consideración las dotaciones que el propio CTRM
requiere».
Más adelante señala la carta que la «ausencia de autonomía
presupuestaria junto con la escasez de personal dificultan la ejecución
del exiguo presupuesto, por lo que este ni siquiera se llega a ejecutar
en su totalidad».
Francisco Fernández Marugán añade que «la anterior circunstancia hace
que las necesidades materiales del CTRM no se hayan cubierto, por lo
que carece de unas instalaciones apropiadas, no cuenta con mobiliario,
ni medios informáticos y de comunicación, incluso hay escasez de todo
tipo de material de oficina. A la precariedad de medios materiales,
prosigue la misiva, se une la falta de recursos humanos suficientemente
dimensionados para la carga de trabajo que el cumplimiento de los
objetivos exige».
Esta
situación, a juicio del Defensor del Pueblo, afecta al servicio que se
pretende ofrecer y «así se ha puesto en conocimiento del Gobierno de la
Región en diferentes ocasiones, sin que se hayan podido superar los
obstáculos que impiden el desarrollo idóneo de las funciones
encomendadas al Consejo y repercuten de forma negativa en los
ciudadanos».
«Ante la preocupación de no estar dando la respuesta
que los ciudadanos esperan del CTRM, el presidente del mismo ha
dirigido a la Inspección General de Servicios un escrito para que
realice una inspección extraordinaria en el Consejo, que le ha sido
denegada, pues en aplicación del Decreto 93/2012 es esa Consejería quien
ostenta la competencia para efectuar dicha solicitud», señala el
defensor del Pueblo.
La carta añade que con el fin de colaborar
para que el CTRM pueda llevar a buen término la misión encomendada,
«esta institución se ve en la obligación de poner estos hechos en
conocimiento de esa Consejería para que se estudie una vía de solución
que permita dotar al CTRM de los medios económicos, materiales y
personales adecuados, junto con la autonomía que como ente independiente
precisa».
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