No, Catalunya no importa nada en España.
No hay conflicto entre España y Catalunya. Es un conflicto entre
catalanes. Los independentistas no son mayoría. No hay presos políticos.
España es un Estado de derecho. La justicia, independiente a más no
poder. El Tribunal Supremo, un dechado de virtudes y sabiduría.
El juez
Marchena, un fino jurista. Actuación impecable de las autoridades en
estricto cumplimiento de la ley. El sistema funciona. La justicia
funciona. España es un gran país, un país global. La independencia de Catalunya, un imposible, una quimera. Y Catalunya, irrelevante en el conjunto del Estado.
Desde
el minuto uno del comienzo de la actividad parlamentaria hay un
problema con el independentismo que ya ha obligado a la nueva mayoría
en el Congreso a soltar el lastre de su retórica adhesión a las vías
democráticas y dialogantes. La histérica y bochornosa reacción
rebuznante de la derecha a la presencia de los presos políticos en el
hemiciclo desató el pánico entre los socialistas.
Las chuladas de
Hernando en el Senado, los berridos de la derecha en el Congreso, las
amenazas, las peticiones de dimisión, reprobación y (si los dejan)
excomunión y extremaunción de la presidencia de la Cámara han barrido
las débiles objeciones del PSOE al atropello a los diputados
independentistas electos.
Si
la mesa y su presidencia hubieran tenido más calma y no se hubieran
asustado ante los vociferantes tigres de papel de la derecha, quizá
hubieran podido evitar el ignominioso espectáculo de un órgano
legislativo que empieza su tarea con un acto de sumisión a la
arbitrariedad. El desprecio de Marchena por la soberanía del Parlamento
no solo lo lleva a exigirle que actúe ilegalmente sino también a que
cargue con la responsabilidad de la desmesura porque él no la quiere
sobre sí.
Aterrorizada
la Mesa, acudió al consabido informe de los letrados de la Cámara que
es la forma en que los políticos escabullen el bulto. A su vez, como es
habitual, los tales letrados toman como base de su dictamen la necesidad
de dar cobertura jurídica a una decisión política, aunque para ello
conviertan las normas en hilillos de plastilina. Resultado: la decisión
recomendada y finalmente adoptada por la Mesa es una soberana chapuza
jurídica propia de letrados.
La
voluntad de estos de satisfacer los deseos del poder político se hace
evidente desde el momento en que justifican el expolio de los derechos
de los presos políticos recurriendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
no al Reglamento del Congreso. Aplican fraudulentamente aquella con tal
de no aplicar el Reglamento que, sin embargo, es perfectamente
aplicable: se plantea en el Pleno la cuestión de la suspensión de los
diputados electos y se comprueba que falta un requisito, falta el
correspondiente suplicatorio.
En consecuencia, nada de suspensión hasta
que el alto tribunal proceda ateniéndose a la ley y no a la voluntad
marchenística de acabar pronto la parodia con una sentencia ejemplar.
Si
jurídicamente la supensión es una chapuza, políticamente, ha acabado de
enterrar las tenues esperanzas que algún despistado pudo abrigar de
llegar a una solución negociada. Nueve a siete han sido los votos en la
Mesa a favor de la suspensión. Y el voto contrario de los dos miembros
de Podemos no es por el fondo del asunto, sino por su forma.
En realidad
se trata de un voto dilatorio, a ver si encuentran alguna excusa más
aceptable que la ridícula patochada de los letrados. Pero, consumido el
plazo y comprobado que los independentistas no ceden, los de Podemos se
pliegan al unionismo más recalcitrante. Muy en línea con la promesa de
la Constitución que hizo Pablo Iglesias: "Por la democracia, por los
derechos sociales y por España, prometo". ¿Alguna duda?
¿Alguna
duda de que, en lo tocante a Catalunya, en el parlamento español
siempre habrá una unión sagrada anticatalana en torno al 90%?
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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