MADRID.- Cerca de 9.000 personas se han
acogido desde su entrada en vigor en julio de 2015 a la Ley de Segunda
Oportunidad, norma pensada para la exoneración de deudas a particulares y
pymes, una cifra muy lejos de los más de 100.000 que se han beneficiado
de medidas similares en Alemania o Francia.
Las
cifras de personas físicas o pequeñas empresas que se han acogido en
España a este recurso proceden de cálculos del Centro de Estudios sobre
la Ley de la Segunda Oportunidad, que ha empleado datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Pensada para paliar los efectos de la crisis económica,
la Ley de Segunda Oportunidad la han aprovechado en estos años de forma
mayoritaria clientes de micropréstamos y créditos al consumo, productos
que soportan "intereses altísimos" que pillan desprevenidos a los
usuarios.
Así lo ha explicado Fernando Renedo,
director jurídico de la firma Reclama Por Mí, plataforma de abogados
especializados en reclamaciones sobre hipotecas referenciadas al Índice
de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), tarjetas que permiten
aplazar el pago de las compras (revolving) y microcréditos.
Pero en España esta segunda oportunidad es aún minoritaria, ya que algo
menos de 9.000 consumidores se han acogido frente a los alrededor de
100.000 que lo han hecho en países como Francia, Alemania o Italia.
La norma establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para
deudores de buena fe con cargas, que incluye a los particulares, retira
las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y apoya las bonificaciones a
familias y autónomos, entre otras medidas.
Los
particulares que han sido exonerados sólo tendrán que devolver sus
deudas tras cinco años en casos excepcionales y fortuitos, como puede
ser por una herencia no prevista o un premio de lotería o de juegos de
azar.
Además, con el fin de no estigmatizar socialmente al exonerado, se limita el acceso al Registro Público Concursal.
La norma incluye reglas de procedimiento especiales y simplificadas
para particulares en cuestiones relativas a plazos de designación y
convocatoria de acreedores, y reduce significativamente los aranceles
notariales y registrales.
Asimismo, las cláusulas
suelo que impiden que miles de hipotecados en España se beneficien de
determinadas bajadas del euríbor desaparecerán temporalmente para todos
los que se acojan a la segunda oportunidad, y definitivamente para
aquellos potenciales beneficiarios del código de buenas prácticas.
No obstante, quedan excluidas en todos los casos las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.
Desde Reclama Por Mí recuerdan que la concesión de préstamos para
financiar proyectos particulares o necesidades de consumo ha
experimentado un notable crecimiento durante los últimos años, y los
datos del Banco de España reflejan que en 2018 se prestaron 34.617
millones de euros mediante estos productos, un importe que dobla al
registrado en 2014 (16.442 millones).
No todo el
mundo puede acogerse a la ley, ya que es preciso demostrar que se han
liquidado todos los bienes o patrimonio en el concurso y que no puede
hacer frente a las exigencias de los deudores.
Es
decir, el particular o autónomo no puede tener ni dinero, ni activos, ya
que de lo contrario se vería obligado a pagar su deuda.
También es imprescindible acreditar que se ha actuado de buena fe, un
concepto que puede resultar subjetivo pero que se admite si se ha
negociado o intentado lograr un acuerdo sobre la deuda antes de iniciar
el concurso, y no se ha provocado de forma voluntaria su situación de
insolvencia.
Todo aquel "que esté tentado de ocultar
parte de sus bienes o dinero no puede acudir a este mecanismo porque se
entendería que existe mala fe", señalan los abogados.
Asimismo, el reclamante no puede haber cometido delitos económicos de
ningún tipo y no puede haber rechazado en los cuatro años anteriores a
la declaración de concurso una oferta de empleo "adecuada a su
capacidad".
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