VALENCIA.- La apertura total del caso Erial ha revelado algunos datos sobre la situación económica del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana,
al margen de las actividades supuestamente ilícitas que se le
atribuyen. El ex ministro defiende que su patrimonio es ajustado a sus
ingresos y los de su esposa durante los últimos años, recuerda hoy El Mundo.
En su último ejercicio fiscal declarado antes de su detención, en mayo de 2018, el ex ministro declaró a Hacienda unos ingresos anuales de 744.562,90 euros.
Así consta en su declaración de la renta de 2017, incorporada a las
actuaciones que dirige la magistrada titular del Juzgado de Instrucción
nº 8 de Valencia Isabel Rodríguez.
A lo largo de la
investigación, Zaplana siempre ha defendido que tanto su patrimonio como
el de su familia -varios coches y pisos de lujo- se corresponden única y
exclusivamente a sus ingresos oficiales.
De hecho, el sumario incluye
también un informe pericial que detalla la evolución de su patrimonio
inmobiliario en que resume que sus ingresos entre 2001 y 2017 alcanzaron
los 8,2 millones de euros.
En el caso de su mujer, sus ganancias
durante ese periodo ascendieron a 1,4millones de euros.
El
informe es del despacho Ayuso Lainez&Monterrey y concluye que "los
inmuebles que son o han sido propiedad del matrimonio entre Zaplana y
Rosa Barceló se ha financiado con fondos procedentes de los ingresos del
trabajo de ambos cónyuges, préstamos y el producto de las ventas y
plusvalías obtenidas de las ventas de otros inmuebles".
Incluye
documentos que, según la defensa de Zaplana, justifican el origen de
todo su patrimonio. De hecho, durante la instrucción, por ejemplo, se
desbloqueó el embargo que pesaba sobre su domicilio de Benidorm,
adquirido en 2015, tras considerarse acreditado que lo había comprado
antes de que se desarrollaran los hechos por los que está siendo
investigado.
Respecto a la renta de Zaplana , la cantidad debería incluir al menos tres conceptos: su salario como asesor en Telefónica,
que nunca se ha hecho público y sobre el que la compañía tampoco da
detalles ahora, tras su despido fulminante después de casi una década.
Zaplana fichó en 2008 como delegado para Europa siendo presidente César
Alierta.
Cuando se conoció su detención, en mayo de 2018, la compañía
informó de que suspendía «con carácter inmediato la relación laboral, en
el área de Asuntos Públicos» que mantenía con él.
A ese salario se debían añadir, al menos, sus percepciones como consejero de Logista,
heredera de Tabacalera, que ascenderían a unos 99.000 euros anuales
desde 2012 hasta que él mismo dimitió el año pasado; y las percepciones
derivadas de la actividad de la consultora Decuria Consulting,
creada justo cuando abandonó la política y que, según informaciones
basadas en las cuentas registradas, facturó 2,1 millones entre 2008 y
2015.
Los ingresos de Zaplana en la actividad privada
multiplican con mucho el salario que percibía, por ejemplo, como
presidente de la Generalitat (1995-2001), que superaba mínimamente los
60.000 euros. Como ministro añadió unos 13.000 euros más a esa cifra y
algo más como diputado cuando acumuló el cargo de portavoz en el
Congreso.
El ex ministro aportó a la juez una copia de su declaración de la renta y la de su mujer, Rosa Barceló,
para solicitar, a finales de junio de 2018, el desbloqueo de su cuenta
del Banco Sabadell para poder pagar el resultante de su declaración. En el caso de Rosa Barceló le salió a pagar 9.300 euros -declaró ingresos de 110.000 euros- y en el del ex presidente de la Generalitat también a pagar 2.554 euros.
En
el entorno de Zaplana se prefiere no dar detalles sobre sus
percepciones y se alega que se ha cumplido con Hacienda. Sin embargo, el
sumario del «caso Erial» revela una estructura oculta a través de la
que Zaplana canalizaría dinero obtenido ilícitamente.
La
cantidad obtenida supuestamente por Zaplana a través del cobro de
comisiones alcanzaría los 12 millones de euros que presuntamente le
inyectaron, en parte, la familia Cotino a cambio de adjudicaciones
de los Parques Eólicos Valencianos y la contrata del servicio de la
ITV.
Las cuentas oficiales de Zaplana coincidirían con el perfil que
dibujó de él el abogado uruguayo Fernando Belhot, la
persona que gestionaba en el extranjero el dinero de la trama en la que
junto al ex ministro participaba sus dos hombres de confianza: Joaquín
Barceló y Alfonso Grau.
En contra de lo que se sostiene contra
él, el informe pericial en que se basa la defensa de Zaplana no sólo
incluye su salario -debidamente acreditado ante Hacienda-, sino que el
matrimonio obtuvo 2,6 millones de euros en plusvalías "tras las
sucesivas compras y ventas realizadas por el matrimonio".
Ademas, se
acredita que los bienes inmuebles que al día de la fecha son de su
propiedad son el piso en Madrid, cuyo precio de adquisición en 2018 fue
de 1,8 millones de euros y el chalé de Benidorm, cuyo precio de compra
en 1995 fue de 270.455 euros".
La declaración "clave"
En
su declaración realizada por videoconferencia el 25 de enero de 2019
desde Uruguay-donde delató al ex jefe del Consell sin ningún tipo de
miramiento- aseguró a los investigadores que se presentó, dijo, como un
«empresario de éxito con un patrimonio personal y familiar importante y
no quería exponerlo públicamente».
Según la declaración de Belhot, el 90% del dinero que le envió a Zaplana lo recibió en Madrid su secretaria,
que también está investigada en la causa, a quien se lo entregaba
«algún contacto con el exterior, o incluso algún amigo o chofer».
En
siete años de «colaboración» calcula que le hizo llegar 2,3 millones de
euros, principalmente entre 2016 y 2017. Una llamada de Zaplana le
aclaró que «todo había sido conforme».
Belhot presenta a Zaplana
como la «figura protagónica», y sus dos colaboradores, según él, le
indicaron que buscaban sus servicios «por la confidencialidad» que le
caracterizaba, sobre todo «en atención a Eduardo Zaplana». Todo lo
acordado iba a ser «verbal», no tenía nada firmado con ellos.
En
esta línea, declaró que, a su juicio, Joaquín Barceló, conocido como
Pachano era el hombre de paja del ex ministro y que tenía una sociedad panameña llamada Adua,
titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra, en los que le
habían hecho «una gestión espantosa» y había invertido un 60% en un
banco griego que quebró.
Belhot admitió que la luxemburguesa Imison Internacional -la
mercantil que crearon los Cotino para pagarle las mordidas al ex
ministro- traspasó su actividad y titularidad a dos sociedades
uruguayas, Disfey SA y Misnely SA, que
el traspaso de fondos «lo decidió Zaplana». De hecho, en la primera
parte destapada del sumario el pasado mes de febrero los agentes de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil viajó al menos en dos
ocasiones a Uruguay en el año 2009 y su estancia allí coincide con la
creación de dos empresas opacas en las que ahora los investigadores
buscan los 3,5 millones procedentes de sobornos que recibió de la familia Cotino que todavía no han conseguido localizar.
Fernando
Belhot figuraba en la causa como investigado. De hecho, pesaba sobre él
una orden de detención internacional que, en principio, habría quedado
suspendida con su declaración por videoconferencia ante la juez. Belhot
se ha mostrado colaborador con la investigación como estrategia de
defensa.
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