El desvencijado navío hispano está
encallado y zozobrando entre la mar bravía de un movimiento
independentista que no ceja y los escollos del acervo comunitario en
materia de derechos que no ceden.
La
farsa político judicial escenificada en Madrid lo dice todo. El Supremo
pretende juzgar con un ojo en el TEDH, y empieza por negar la entrada a
los observadores internacionales con excusas pueriles que solo revelan
talante autoritario. Ya todo el mundo se malicia lo peor y aún no hemos
comenzado. De ahí la campaña del Estado en todos los horizontes,
especialmente el propagandístico.
En él se cree un águila, aunque su
vuelo es siempre gallináceo. Al fin y al cabo, la propaganda es una
invención de la iglesia católica, de los tiempos de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide,
invención de los jesuitas allá por 1622. Esos mismos jesuitas (la Orden
no muere) en cuyo colegio y universidad se educó Marchena, el Radamanto
de los indepes.
Pero
este juicio político no hay quien lo salve. Es extraño que las
izquierdas españolas no reaccionen con contundencia. Entre otras cosas
porque si, quienes instigan el juicio, ganan, las siguientes serán
ellas, enemigas de la patria. En fin, allá se lo guisen estas izquierdas
que, de izquierdas, bien se ve, tienen ya poco.
Es
absurdo llamar "normalidad" a una situación en la que se efectúa un
traslado de presos como el que se ha hecho con los políticos catalanes.
Ese increíble desfile de autobuses, motos, furgones, más motos, "with
their red lights flashing in the night", esa narcisista pulsión de
exhibir overkilling, trata de crear un clima bélico, como si se estuviera trasladando a peligrosos jefes rebeldes en medio de territorio hostil.
Esto
está adquiriendo niveles grotescos, propios de la tribu que ama la
tramoya y lo hiperbólico. Allá van nueve pacifistas que jamás han
protagonizado violencia alguna, ni de palabra, algunos de ellos
profundamente religiosos en la fe de Cristo que también invocan, por
cierto, sus carceleros y sus sayones; alla van, digo, rodeados de
motoristas como los heraldos negros de la muerte, precedidos de luces,
sirenas, rodeados de furgones enrejados, enrejados ellos/as a su vez en
compartimentos estancos.
La crueldad no está reñida con la estupidez. Es
más, suelen ir unidas. Véase el increíble vídeo de un guardia civil
haciendo mofa de los presos y los manifestantes que, increíblemente,
cuelga en la red.
La
vicepresidenta Artadi requiere la investidura de Puigdemont, una vez
efectuada la reforma reglamentaria correspondiente, con el ánimo
evidente de abrir un segundo frente al gobierno, ya que tan guerrero se
muestra. El segundo frente de un presidente Puigdemont eficaz investido
por el Parlamento en ausencia forzada por una clara voluntad política y
una literalmente absurda situación judicial.
Desde la sala del proceso, los independentistas aprovecharán la tribuna que la represión, malgré elle même, les
ofrece para explicar al mundo la motivación de sus actos, el carácter
pacífico y democrático de su pretensión y su legitimidad desde el punto
de vista de los derechos fundamentales tanto individuales como
colectivos.
El reino de España tiene muy difícil, en realidad imposible,
justificar por qué hay tal disparidad de derechos en dos Estado de la
Unión Europea como Gran Bretaña y España, de forma que los catalanes
pagan con la cárcel su pretensión de ejercer derechos que los escoceses
ejercen libremente.
Y
más difícil e imposible tendrá explicar por qué motivo el presidente de
la Generalitat, investido por el Parlament, no puede tomar posesión de
su cargo. Ese es el segundo frente, de consecuencias imprevisibles.
La celebración de esta farsa
político-judicial está dejando la imagen de España por debajo del suelo
en que estaba. La negativa a admitir observadores internacionales
permite predecir el curso posterior del proceso. El argumento de que se
televisará en directo y se podrá ver en streaming es pueril y no
oculta la intención se sustraerse al escrutinio internacional.
Se añade
que la selección de pruebas que el tribunal ha hecho ha sido en
detrimento de la defensa que, además se ejerce en condiciones de
precariedad. Todo esto, así, paladino, a la vista del mundo entero, está
provocando una oleada de preocupación en Europa.
Con
un juicio tan descaradamente político, la imagen dominante de España en
el extranjero es desastrosa. Muy preocupados, los estrategas del
gobierno han lanzado una campaña internacional para detener la caída del
prestigio del país y revertirla. Aquí tienen ustedes ya el ministerio
de Asuntos Catalanes convertido en ministerio de Información y Turismo, o
sea, de Propaganda. Borrell se da un aire a Fraga. Le ciega la misma
ardiente pasión por la unidad de España. Y la misma falta de escrúpulos.
Despliegue
de actividades a tambor batiente. Irene Lozano, que viene de UPyD, es
responsable del programa "España Global", nombre que recibe ahora la
Marca España de Rajoy después de su singular y ridículo fracaso. Esta
España Global concentra su propósito de ridículo en contrarrestar el
vicioso catalanismo internacional, la hidra de infinitas cabezas. Es un
organismo de ataque.
Lozano ha asegurado a la BBC que los presos
catalanes han cometido delitos y por eso se ven en donde se ven. Típico
del recio estilo castellano, la tal España Global pirateó el logo de la FundacióBarça.
Aquí tan pronto te meten en la cárcel por haber cometido delitos por
los que aún no has sido condenado como te birlan lindamente el logo. La
condición es que seas catalán, gente rebelde y tenaz.
El
ministerio de propaganda anticatalana está permanenetemente al acecho,
imparte órdenes, financia estudios, desplaza peones y alguaciles a
reuniones y debates en el exterior a difundir la doctrina oficial o
doctrina homologaciana, esto es, España, Estado de derecho homologable
con los vecinos.Cuanto más se empeña el Estado en predicar su condición
de Estado democrático de derecho, más precaria se ve. Ninguna otra
democracia "homologable" tiene que pagar millonadas por los más diversos
conceptos (unos más normales que otros) a fin de demostrar al mundo lo
que todo el mundo acepta que es, o sea, un Estado democrático de
derecho.
No
es el caso de España. Por eso van por ahí cónsules, embajadores,
ministros plenipotenciarios, jurando por doquier que España es lo que a
los ojos de todo el mundo no es: un Estado democrático dee derecho. De
ahí los millones, los ridículos, las presiones diplomáticas, las
declaracioness extemporáneas y las mentiras desaforadas.
Pero no hay manera. Un Estado democrático de derecho no tiene presos/as ni exiliadas/os políticos.
Y mucho menos somete a proceso penal la disidencia política.
Y mucho menos somete a proceso penal la disidencia política.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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