MURCIA.- A juicio de Jóvenes CCOO, el Real Decreto ley 28/2018 por el que el
Gobierno asegurará que las empresas, instituciones o centros de
formación den de alta en la Seguridad Social a quienes estén
desarrollando prácticas no laborales, constituye una herramienta útil
para reconocer el esfuerzo formativo de la juventud y poner coto a los
abusos y el fraude existente.
Como resultado de las exigencias sindicales en el marco del Acuerdo
de Pensiones de 2011 y de la posterior batalla legal emprendida por CCOO
en los tribunales, quienes se encontraban desarrollando prácticas con
algún tipo de ayuda económica pasaron en los últimos años a ser dados de
alta en la Seguridad Social con el objeto fundamental de contribuir a
completar carreras de cotización a quienes retrasan su incorporación al
mercado de trabajo, prolongando su periodo formativo.
Sin embargo,
quienes, desarrollando también prácticas no laborales, no recibían
ninguna contraprestación económica siguen sin poder cotizar por ninguno
de los conceptos previstos, ya de por sí limitados en relación a los de
cualquier trabajador en alta en el Régimen General.
La reciente iniciativa del Gobierno, que pretende responder a
peticiones de CCOO, así como de otras organizaciones estudiantiles y
juveniles, debe servir para detectar mejor y de forma eficaz la
utilización fraudulenta de las becas para encubrir lo que deberían ser
contratos laborales, además de contribuir a mejorar las carreras de
cotización de quienes -desde el momento de su entrada en vigor-
desarrollen prácticas no laborales con o sin compensaciones económicas,
así como de quienes las desarrollaran en el pasado y quieran ahora
recuperar con carácter retroactivo hasta dos años de cotización a la
Seguridad Social.
Lo fundamental de la medida, no obstante, es que situará en el mapa a
la totalidad de los llamados 'becarios', dado que deberán ser dados de
alta con independencia de si reciben o no algún tipo de ayuda.
Saber
cuántos son; en qué empresas, instituciones o universidades se
encuentran, o si reciben o no contraprestaciones permitirá a las
Administraciones Públicas y a los sindicatos detectar con más facilidad
una realidad en muchos casos fraudulenta, que encubre lo que deberían
ser relaciones de trabajo asalariado bajo la plena cobertura del
Estatuto de los Trabajadores.
El coste que las empresas o instituciones deberán asumir por la
cotización es tan reducido (inferior a los 40 euros mensuales) que no
cabe alegar, como ha hecho la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), una disminución previsible y relevante
de la oferta de prácticas curriculares.
Jóvenes CCOO lleva años reclamando, con otras organizaciones
sindicales y sociales, un nuevo marco regulatorio para las prácticas no
laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir
eficazmente el fraude.
Por una parte, a través de la creación de un
'Estatuto del Becario' que asegure una formación de calidad tutorizada,
con ayudas económicas y adecuadamente reglamentada a quienes deben
desarrollar prácticas curriculares para completar su itinerario
académico.
Y por otra, a través de la supresión de las prácticas
extracurriculares (aquellas no vinculadas al currículo académico del
estudiante), transformándolas en contratos de trabajo dotados de todos
los derechos asociados a una relación laboral.
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