MADRID.- El Gobierno Sánchez quiere investigar
450.000 contratos y convertir a 70.000 trabajadores temporales
fraudulentos en indefinidos mediante actuaciones de control del fraude
laboral, con las que además ingresará 1.050 millones de euros en 2019.
Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2019, la inversión en lucha contra el fraude para este año es la misma
cuantía que en los dos años anteriores.
Estas actuaciones serán desarrolladas por el Organismo
Autónomo Estatal de Inspección en el Trabajo y Seguridad Social, que por
primera vez en 2019 cuenta con presupuesto propio que asciende a 157,4
millones de euros.
La Inspección de Trabajo y
Seguridad Social lleva presupuestada la realización, por primera vez, de
25.000 actuaciones para controlar el tiempo de trabajo en las empresas,
que buscan incrementar la jornada de parcial a completa de 23.000
trabajadores.
Estas medidas están incluidas en el
Plan Director por un trabajo digno 2018-2020 aprobado a mediados del año
pasado para luchar contra el abuso y fraude en la contratación temporal
y en la contratación a tiempo parcial con excesos de jornada y horas
extra no pagadas ni cotizadas.
Para ello es
fundamental el convenio suscrito entre la Inspección de Trabajo y la
Tesorería General de la Seguridad Social para realizar campañas en
empresas que efectúan altas y bajas sucesivas a la Seguridad Social del
mismo trabajador, con el objetivo de comprobar si existe declaración por
las vacaciones devengadas y no retribuidas.
Asimismo, mediante este convenio de colaboración se investigan las
sociedades que presentan anomalías en la declaración de horas
extraordinarias y aquellas que abusan de la temporalidad y la
parcialidad en la contratación de trabajadores.
En el
caso de las horas extra, la Inspección actuará si las empresas
comunican bases de cotización y número de horas con una "relación
anómala", para lo que es decisiva la información que proporciona el
sistema de liquidación directa.
Por ello, la
Inspección verificará que se cumplan correctamente las obligaciones de
alta y cotización en sectores y empresas que difieran de los datos
medios de empresas similares del mismo sector.
Se
mantiene la vigilancia en la derivación de responsabilidad de deuda,
encuadramientos indebidos, empresas deudoras insolventes con actividad,
sociedades que no transmiten la información de los conceptos retribuidos
abonados, empresas ficticias y altas fraudulentas.
Para ello, y como novedad también este año, la Inspección llevará a cabo
20.000 actuaciones de control y vigilancia en materia salarial y 2.200
visitas a centros de trabajo para descubrir hasta a 3.000 trabajadores
fraudulentamente encuadrados como "falsos becarios".
Otra de las novedades es la lucha contra distintas formas de economía
irregular, como las que representan la figura del falso autónomo y las
empresas buzón o las plataformas de internet y comercio electrónico,
iniciativas que beneficiarán a 20.000 y 10.000 trabajadores,
respectivamente.
Por otro lado, otras 25.000 personas
se verán beneficiadas de la defensa de los derechos de los
representantes de trabajadores y sindicatos, que también incidirá sobre
otras 8.000 personas discriminadas por tener una discapacidad y 23.000,
por razón de género.
La prevención de la
siniestralidad laboral es otro de los objetivos fundamentales del
Ministerio de Trabajo, para lo que se van a realizar 85.000 visitas a
empresas como labor preventiva de riesgos en el lugar de trabajo.
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