MURCIA.- Una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región de Murcia se concentraron este lunes a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia para exigir que el pleno de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que se reúne en estos momentos en Madrid, confirme las sentencia que obligan al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a los bancos.
«Esta
reunión está fuera de todo precedente, después de dictarse tres
sentencias y existiendo jurisprudencias», señalaba el portavoz de la
plataforma, Francisco Morote, frente a una pancarta con el lema
'#Supremavergüenza' y entre gritos de 'Sí se puede'.
«Se están
intentando moderar cláusulas abusivas en favor de los bancos. En 2013 lo
hicieron con la sentencia sobre las cláusulas suelo y establecieron que
solamente se podía reclamar a partir de ese fallo y tuvo que venir tres
años después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a decir que se
podía reclamar desde la firma de la hipoteca. Por lo tanto estamos
advertidos de lo que va a pasar», puntualizó Morote.
«No tiene
sentido que el propio Tribunal Supremo haya dicho que los honorarios del
notario los tenga que pagar el banco y sin embargo el tributo, que se
deriva de un acto que tiene que abonar la entidad, lo tenga que pagar el
ciudadano. Eso es una incoherencia tremenda», concluyó el portavoz.
Este colectivo reclama así que se declare abusiva la cláusula que impone
al prestatario esta obligación.
El
acuerdo de suspensión de los recursos ordenada por el presidente de la
Sala Tercera reconoce, según la PAH, que la decisión se toma por su
«enorme repercusión económica y social», sin señalar fundamento jurídico
alguno que justifique esa decisión «sin precedentes», según distintos
juristas de reconocido prestigio.
Además, la PAH también advirtió
sobre la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley de
crédito inmobiliario, elaborada por el exministro y «banquero» De
Guindos, que es, en palabras de este colectivo, un nuevo intento de
moderación y «blanqueo» de cláusulas abusiva.
La plataforma
interpeló mediante un comunicado al PSOE para que no ratifique las
propuestas del PP en esta materia y garantice todas las medidas
propuestas en defensa de los deudores hipotecarios, advirtiendo que, si
no se modifica el texto actualmente defendido por socialistas, populares
y Ciudadanos, podrían reactivarse miles de procedimientos de ejecución
hipotecaria actualmente suspendidos, con el consiguiente aumento de los
desahucios.
Finalmente, la PAH pidió al consejero de Fomento e
Infraestructuras, Patricio Valverde, la retirada «inmediata» del
borrador del reglamento de la Ley de Vivienda Protegida, «sacado a toda
prisa» para «contrarrestar los daños» recibidos por los datos sobre
desahucios en la Región y por la sentencia del Tribunal Constitucional
que avala la constitucionalidad de la Ley de Vivienda.
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