El síndic de greuges es, por definición, una persona incómoda. Su
papel es difícil y sus informes acostumbran a ser siempre muy jugosos.
Si el síndic es Rafael Ribó, un político de una
experiencia sobradamente demostrada, además de un orador notable, sus
intervenciones no suelen dejar indiferente a nadie.
Este miércoles ha
pasado por el Parlament para presentar su informe "La vulneración de
derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción
penal al 1 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la
Constitución".
Un título largo pero que a la hora de la verdad ha
acabado siendo un juicio a la actuación policial del 1-O, que ha criticado con dureza, a los plenos de la Cámara del 6 y 7 de septiembre de 2017 en que se aprobaron las leyes de transitoriedad, de las que también ha discrepado, y las irregularidades cometidas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Pero si algo quedará de esta intervención, sin ninguna duda, es su valoración sobre la existencia de presos políticos en el Estado español y su contundente frase de que "en el continente europeo hay parlamentarios encarcelados en Turquía y en España,
son presos políticos" para reiterar la necesidad de que sean liberados.
A la bancada unionista no le gustan este tipo de comparaciones y su
reacción no se hizo esperar: como poco quieren su dimisión y, mejor, si
va acompañada de la desautorización del síndic en los organismos
internacionales en los que se apoya para realizar su labor, empezando
por los 82 Ombudsman europeos.
Pero Ribó no está ni mucho menos
en la picota. La mayoría independentista le reconoce su labor y lo que
más molestó a Ciudadanos, PSC y PP, no deja de ser una evidencia. ¿Acaso
no hay presos políticos? ¿Acaso no llevan más de un año en prisión
provisional sin fianza miembros del Govern y líderes sociales del
independentismo?
Las verdades molestan y, a medida que se acerque el juicio, la
situación será menos cómoda para los partidos unionistas.
El líder
socialista catalán, Miquel Iceta, polemista profesional, se vio este miércoles desbordado por el president de la Generalitat, Quim Torra,
cuando le reprochó su connivencia con Cs y PP en el 155 y su distancia
del problema de los presos: "¿Qué ha hecho usted desde que están en
prisión?", le lanzó, antes de acusarle de cínico: "Ha salido del
hemiciclo y en estos momentos seguramente está chorreando por la
escalera noble el cinismo que usted lleva".
Tenso rifirrafe una vez se
ha constatado que el gobierno socialista a la hora de la verdad se lava
las manos, quiere a los presos en prisión, a los exiliados en el
extranjero e ir alargando la legislatura a base de spots publicitarios.
Es como se vive mejor. Con el "yo aprobaría un incremento del salario
mínimo si me aprobaran los presupuestos"... y ocultando la mayor: que
este jueves podría aprobarlo por decreto ley en el Consejo de Ministros.
Ah, no: que este jueves va la modificación de la ley hipotecaria
para que el impuesto lo pague la banca. Un anuncio solemnizado en el
Palacio de la Moncloa para rebajar la irritación ciudadana. Otro spot
para enredar al personal: ¿alguien cree que lo acabará pagando la
banca? Seamos serios. Eso sí, los jueces que sigan haciendo de las
suyas, que son imprescindibles para ir contra el independentismo
catalán. La bandera y la cartera.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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