Alonso
Cuevillas, el abogado del prófugo por rebelión, sedición y malversación,
Carles Puigdemont, le ha exigido abiertamente al Gobierno de Pedro
Sánchez que «neutralice al partido Vox», única acusación particular
presente contra los golpistas. Cuevillas recomienda al Gobierno de
Sánchez que «utilice los mecanismos que tiene el Estado». Que si no
logra convencer a Vox por las buenas, investigue a Vox para buscar
elementos de coacción.
Como ven, los aliados de Sánchez le creen capaz
de todo lo que le creen capaz sus peores enemigos. Estos están
convencidos de que el presidente y su gabinete extremista son capaces de
cualquier cosa por lograr su permanencia en un poder conquistado de
forma tan grotesca y anómala con sus 84 escaños. Capaces de todo, hasta
de auspiciar intencionadamente un enfrentamiento civil entre españoles.
Desde luego, es difícil negar que desde su llegada al poder parece cada
vez más probable.
El abogado Cuevillas recomienda sin pudor en RAC1 al
gobierno que lance una «investigación prospectiva», ilegal, para obligar
a Vox a abandonar el caso. Pide una guerra sucia para acabar con el
único partido que se presentó como acusación particular contra el
golpismo separatista catalán. Gracias a Vox, la justicia ha podido
actuar como eficaz arma del Estado de Derecho. La inaudita demanda de
Cuevillas se supo ayer. De momento, el Gobierno no ha rechazado la
propuesta criminal. Y ya están tardando el PP y Ciudadanos en denunciar
esta aberración y solidarizarse con Vox que ha hecho solo lo que también
era su deber. Sepan que quien pone trampas en la cloaca a un partido se
los puede poner a tres.
España sufre un tsunami de frenesí
sectario con decretos inauditos, nombramientos escalofriantes y
proyectos de ley despreciables por parte de un gobierno que pretende
poner patas arriba a la sociedad española. Y quiere hacerlo ya. Resulta
aterrador el desprecio del gobierno hacia los intereses e inquietudes de
todos aquellos españoles que creen en una sociedad abierta, democrática
y razonable y no participar en la orgía revanchista, la manipulación
informativa colosal y colectiva y la permanente sobredosis ideológica
frentepopulista con la que al final quiere destruir, nadie se engañe, el
marco legal existente de la monarquía parlamentaria.
Ya está
claro que la presencia de algún político moderado en ese gobierno era
una mera hoja de parra para esconder las vergüenzas de una tropa furiosa
de ministras sectarias y agresivas. Que no tienen otro objetivo que
producir anuncios de medidas y leyes, gestos y alardes ideológicos que
satisfagan a los más radicales del izquierdismo comunista de Podemos. Al
que tienen orden de disputar de aquí a 2020 los votos y el mensaje.
Esta demencial deriva sectaria lleva al Gobierno socialista mucho más
allá de la retórica radical porque ya ha tomado medidas que son una
declaración de guerra contra amplias capas de la sociedad española. Solo
así cabe interpretar su voladura del pacto educativo, el desprecio a
todos los demás integrantes del mismo como la masiva operación de
castigo contra la verdad, la libertad y la conciencia libre de los
españoles que es la nueva Ley de Memoria Histórica. Ni los
irresponsables ataques a combustibles y energías que ponen en peligro a
sectores enteros de producción.
O las grotescas medidas de control y
experimentación social en las relaciones sexuales que liquidan los
restos de igualdad ante la ley así como la presunción de inocencia.
Parece que Sánchez y ese núcleo de ministras tienen diseñada su guerra
civil retórica y virtual. Cuidado. Porque las palabras de Cuevillas
revelan que sus socios consideran a Sánchez un aliado del golpismo tan
capaz de violar las leyes como ellos en Cataluña con el permanente golpe
de Estado. Y nada de eso es virtual.
(*) Periodista
https://www.abc.es/opinion/abci-sanchez-y-guerra-sucia-201807132132_noticia.html
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