VALENCIA.- Apenas quedan diecisiete meses de peaje en la AP-7. Fin a casi medio
siglo (cuarenta y ocho años) de rascarse los bolsillos para las
ciudadanas y ciudadanos de Alicante, Castellón y València. Si un cambio
de gobierno o de orientación en la política de transportes no lo
enmienda de aquí a año y medio. El fin de la concesión, adjudicada
durante el franquismo y prorrogada por tres gobiernos democráticos de
distinto signo, ha sido reclamada durante años por numerosos colectivos
sociales, la ciudadanía y partidos políticos con picos en las
reivindicaciones que volvían cíclicamente a la actualidad cuando, por
ejemplo, se producían accidentes mortales en las carreteras nacionales
paralelas a la «calle Mayor» del Mediterráneo, publica el diario Levante.
Aunque el proceso para revertir esta situación no es sencillo y queda
un trabajo ingente por hacer. Además del tramo de la AP-7 entre
Tarragona y Alicante, en manos de Abertis al igual que la AP-4
Sevilla-Cádiz, también finaliza la concesión de la AP-1 Burgos-Armiñón,
adjudicado a Itínere.
Al respecto, el Ministerio de Fomento
confirmaba esta misma semana que exigirá a las concesionarias Abertis e
Itínere, concesionarias de las tres autopistas que acaban su plazo de
concesión este año y el que viene, que deberán entregarlas al Estado en
«adecuado estado de conservación», además de estar obligadas a realizar
las eventuales inversiones y actuaciones necesarias para garantizarlo,
según confirmó el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en su primera
comparecencia parlamentaria para explicar las líneas maestras de su
departamento.
Ábalos confirmó que Fomento realizará a las tres concesiones una «due dilligence», un estudio pormenorizado del estado en que se encuentran las tres autopistas «para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la actual concesionaria para que el estado de conservación de la vía previo a su entrega sea el adecuado». Una vez entregadas las autopistas, será el Estado con cargo a las arcas públicas, el que se encargue de su mantenimiento como en el resto de la red.
Ábalos confirmó que Fomento realizará a las tres concesiones una «due dilligence», un estudio pormenorizado del estado en que se encuentran las tres autopistas «para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la actual concesionaria para que el estado de conservación de la vía previo a su entrega sea el adecuado». Una vez entregadas las autopistas, será el Estado con cargo a las arcas públicas, el que se encargue de su mantenimiento como en el resto de la red.
Las autopistas de peaje en el corredor mediterráneo son
una herencia franquista que han perpetuado los sucesivos gobiernos
democráticos. La sociedad Aumar (Autopistas del Mare Nostrum) logró la
concesión de los tramos Salou (Tarragona)-Valencia y Valencia-Alicante
por un plazo de 27 años (hasta 1998), el 23 de julio de 1971 y el 21 de
diciembre de 1972, respectivamente.
Un contrato que seguirá vigente
hasta 2019 (así se alcanzarán 48 años de concesión), gracias a tres
prórrogas que Aumar pactó sucesivamente con Gobiernos de la UCD (en
1981-1982 una prórroga de 6 y 4 años más, hasta 2004), del PSOE (en 1986
una prórroga por dos años más hasta 2006) y del PP (en 1997 por 13 años
más, de 2006 hasta 2019). Las renegociaciones siempre se han
aprovechado para reducir tarifas a cambio de mejorar y abarcar más
tramos y ampliar los años de concesión.
En la última renegociación, el
artífice del acuerdo fue el presidente de la Generalitat, Eduardo
Zaplana, quien pactó con Aumar (con el visto bueno de Aznar) la
ampliación de la concesión por trece años más a cambio de una rebaja de
tarifas del 30% y el 40% y una inversión de 5.000 millones de pesetas en
«mejoras y nuevos enlaces (como el de Terra Mítica)».
Las primeras
autopistas españolas se construyeron en el Mediterráneo por
recomendación del Banco Mundial en 1962. El Gobierno franquista adjudicó
entre 1967 y 1975 a once concesionarios 17 tramos de autopistas en
aplicación del Programa de autopistas nacionales españolas (PANE). Otro
dictador, el general Primo de Rivera, ya lo intentó en 1928, al
autorizar las primeras concesiones cuyas obras nunca se iniciaron.
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