MURCIA.- Tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por supuesta
falsificación de documentos es la condena que la formación política
Podemos ha anunciado que solicitará contra el expresidente del Gobierno
murciano Pedro Antonio Sánchez por el denominado 'caso Pasarelas', según adelanta hoy La Verdad.
A esa
petición de penas se sumará otra de nueve años de inhabilitación para
empleo o cargo público, esta vez por un supuesto delito de prevaricación
continuada, dentro de las mismas diligencias, que en los últimos meses
han sido impulsadas por el titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 3 de Lorca, Antonio Morente.
En su escrito de
calificación provisional de los hechos, el letrado Ginés Ruiz Maciá, que
ejerce la acusación en nombre de Podemos, sostiene que a finales de
2005 el entonces alcalde de Puerto Lumbreras y años más tarde jefe del
Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, efectuó un encargo verbal al
arquitecto Martín Lejarraga para que redactara la documentación
necesaria para solicitar una subvención a la Administración regional.
Todo ello con el objetivo de remodelar el área de la rambla de Nogalte,
reformando los puentes y pasarelas y embelleciendo el entorno. La
petición al arquitecto se habría realizado sin iniciarse expediente
alguno de contratación y sin informe técnico o jurídico que ofreciera
respaldo formal al encargo.
En marzo de 2006, un informe técnico
de la Consejería de Obras Públicas rechazaba incluir en la subvención el
importe de la redacción del proyecto y de la dirección de obra, que
Lejarraga habría presupuestado en algo más de 52.000 euros.
El 3
de julio, la Consejería remitió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el
borrador del convenio sobre la subvención, que ascendía a unos 860.000
euros, y al día siguiente Sánchez le remitió una solicitud ya
modificada, en la que no se incluían los honorarios del arquitecto.
El
13 de julio de 2006, el Pleno municipal aprobó la firma del convenio
con la Administración regional para recibir esa subvención.
Lo que
habría hecho Sánchez, con el fin de abonar los trabajos de Lejarraga,
sería «afirmar falsariamente que el Ayuntamiento pensaba acometer un
proyecto de acondicionamiento (de la rambla de Nogalte) y que para ello
se precisaba encargar la redacción de unos estudios previos al proyecto,
y que el arquitecto había hecho una oferta al Consistorio para
encargarse de esos trabajos».
Según la acusación particular, ni
era cierto lo de los estudios previos, ya que la mayor parte del trabajo
técnico estaba realizado con antelación, ni existía oferta de Lejarraga
al Ayuntamiento para presentarle sus ideas.
A partir de ahí,
Sánchez habría acordado con Lejarraga que este presentara varias
facturas, todas ellas por menos de 12.020 euros para evitar sacar el
contrato a concurso, hasta completar los honorarios de cerca de 50.000
euros por los trabajos ya realizados en fecha anterior.
Así, el
arquitecto habría presentado una factura por 'Estudios previos', por
9.200 euros; otra de 'Anteproyecto' (9.200 euros); y otras tres por
'Proyecto Básico', 'Proyecto de Ejecución' y 'Dirección de Obras', cada
una de ellas por 12.000 euros.
La suma ascendió a 54.400 euros.
El
letrado de Podemos califica los hechos de prevaricación continuada y
falsedad y, además de las penas ya reseñadas para Sánchez, pide 9 años
de inhabilitación para Lejarraga.
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