En España no existe una mafia estructurada a lo Capone porque ese
lugar lo ocupan determinados políticos. En Colombia, por ejemplo, el
Estado de Bienestar fue una construcción de Pablo Escobar, que sustituía
al Estado. En nuestro país, el Estado sustituye a la mafia. Es
preferible siempre la mafia, porque queda el recurso de que ésta sea
perseguida por el Estado, pero ¿qué esperanza cabe cuando la mafia es el
Estado?
Ejemplo:
lean, antes de vomitar, el artículo que publicaba ayer la ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal, en La Razón. Empezaba así: «En estos
mismos momentos en los que usted lee este artículo, hay miles de
militares en alerta, en guardia permanente, sin descanso y sin
distracción, con la única misión de protegernos, de frenar, prevenir e
incluso combatir cualquier amenaza que se pueda cernir sobre nuestros
hogares».
Así es. Pero a la secretaria general del PP, que proseguía la
redacción de su artículo con la retórica consabida, le faltó apuntar a
continuación de ese párrafo: «Y mientras hay militares que ponen en
riesgo su vida por este país y usted sigue leyendo este artículo, hay
gente de mi partido que se está forrando de manera ilegal gracias a la
protección que les damos desde Génova 13, según estiman los jueces. ¿Qué
deberían pensar de nosotros estos militares?».
Podría referirse
igualmente a los parados, a los empleados precarios, a los trabajadores
fijos con el sueldo reducido, incluso a los ciudadanos acomodados que
pagan sus impuestos y exigen una Administración pública decente.
Hasta
podríamos perdonarle a la secretaria general del PP que hubiera hecho un
apunte a pie de página, en letra pequeña: «Mi marido no es uno de los
que trafican con influencias para pagar nuestro chalé de dos millones de
euros mientras envío a los soldados a misiones peligrosas; si acaso, el
de la vicepresidenta Soraya».
Fuera
de bromas, encontrar en algún lugar un artículo firmado por Cospedal
con el título Servir a España al día siguiente de la publicación de la
sentencia sobre la Gürtel es una provocación intelectual. Cuando alguno
de estos patriotas de opereta pronuncia la palabra España, lo
recomendable (incluso o especialmente para los propios militantes de
base del PP) es echarse las manos a las carteras.
La
doctrina del PP sobre los supuestos de corrupción consistía en relegar a
las sentencias judiciales la toma de responsabilidades políticas, pero
llegado el caso, ni con éstas. Nada importa que un tribunal de Justicia
haya dictaminado que el presidente del Gobierno de España (e incluso de
Esss-paaa-ññña) carece de credibilidad en su testimonio jurado, de modo
que será un iluso quien espere alguna verdad en sus mítines. Su
propósito, el de Rajoy, es seguir gobernando, porque la práctica
política indica que a una mayoría de ciudadanos no les importa que les
roben, siempre que los ladrones sean del PP.
En
este contexto, el crítico más destacado a la resolución judicial sobre
la corrupción del PP ha dido el presidente del Gobierno murciano,
Fernando López Miras. Su ironía no ha sido bien entendida, a no ser que
en su intención no existiera ese propósito, lo cual sería muy grave.
Cuando dijo, tras conocer la sentencia de la Gürtel que, mientras se
producían los acontecimientos que han dado lugar a ella, él se
encontraba tocando la flauta dulce en el colegio de los franciscanos, en
realidad lo que vino a sugerir, queriendo o sin querer, es que si
hay alguien a quien registrar debe ser Rajoy.
López Miras era un
espíritu puro en los tiempos en que el gallego cobraba sobresueldos de
la cuenta B en cajas de puros, gratificando después al benefactor con el
consejo de «Luis, sé fuerte». De modo que, en el fondo, ese ´yo no
estaba allí´ es una denuncia implícita, aunque involuntaria, a quienes
sí estaban. Lo curioso es que aun aceptando ignorancia de la corrupción
estructural como animal marítimo, una vez que López Miras se licenció en
flauta y maduró lo suficiente para elegir una opción política se
decidió por el partido de la Gürtel. No debió faltarle información,
incluso si solo fuera lector de La Razón. A no ser que tengamos un
presidente que carezca de nociones sobre el pasado inmediato, lo cual
sería muy preocupante.
Los
murcianos tenemos la sensación de que López Miras nunca existió. Todo lo
que gravita sobre la política actual le es ajeno. Hace poco aseguró que
«está claro que mi Gobierno no tiene responsabilidad sobre lo que se
haya hecho en el Mar Menor». Claro. Ni sobre cualquier otra cosa que
haya ocurrido hace más de un año. Pero es el presidente de la marca que
arrastra un largo historial de corrupción y de incompetencias. ¿Asume el
pasado o lo denuncia?
Esta es la clave, aunque de quien se convirtió en
el primer fervoroso defensor de la decencia política de Cristina
Cifuentes no se puede esperar mucho sobre su intuición política, y menos
sobre su independencia respecto al consignatario de la ´organización
criminal´ en que para la Justicia consiste el PP.¿O es que el truco
consiste en cambiar de presidente en Murcia cuando las cosas se ponen
feas para que alguien llegue de nuevas como si nada fuera con él? Nada,
salvo la estructura corrupta y la impregnación social de la marca dopada
ante los sectores cautivos.
López
Miras ha estado muy atinado, a su pesar, al calificar a los
protagonistas de la trama gürteliana con que se ha financiado el partido
al que pertenece de ´sinvergüenzas´. Pero ¿quiénes son los
sinvergüenzas? ¿Los que hacían el trabajo sucio, instrumental, o quienes
daban a éstos cobijo en la cueva de ladrones de Génova 13 y se han ido
de rositas, aunque desacreditados políticamente por la sentencia
judicial? ¿Es más sinvergüenza Bárcenas por llevar la cuenta B del PP o
el presidente del partido que autorizó la destrucción de los ordenadores
en que ésta se registraba una vez que fue descubierta?
Como la
respuesta es obvia, hemos de deducir que López Miras ha llamado
sinvergüenza a Rajoy. Con un par. Ah ¿que es un malentendido?
A
estas alturas, la única pregunta a la que hay que responder es:
¿perteneces a la mafia o la denuncias? Y es urgente que se sepa de qué
lado se está.
(*) Columnista
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