REUS.- La Asociación de Abogados Voluntarios 1-O de Reus ha denunciado a la Fiscalía el fin de semana gratuito en hoteles de Murcia que
han disfrutado al menos 200 agentes de la policía española y de la
Guardia Civil que fueron desplazados en Cataluña con motivo de el 1 de
octubre.
La denuncia, interpuesta por un presunto delito de cohecho
impropio, señala a los funcionarios, a la asociación hotelera Hostetur y
también al delegado del Gobierno en la región, Francisco Bernabé, el
que expresó públicamente su satisfacción por la iniciativa.
Según el texto que el colectivo ha difundido en las redes, un total
de 210 agentes desplazados a Cataluña en el dispositivo previsto para
el 1-O, junto con algunos de sus familiares, disfrutaron de unos días de
vacaciones, del 13 al 15 de abril, invitados por varios
establecimientos hoteleros de Murcia.
La denuncia subraya que la
estancia tenía “todos los gastos pagados, gastos que podrían incluir
servicios diversos del alojamiento como excursiones, visitas y una cena
de gala”.
La denuncia por soborno apela a los artículos 422 y 424.1 del Código
Penal y se dirige tanto “a quien recibe un regalo para hacer su trabajo
como, en caso de que se acredite la autoría, el particular o empresa que
lo da“, según señaló a la ACN (Agencia Catalana de Noticias) el presidente del colectivo de abogados
reusense, Salvador Maestro.
El primer artículo del Código Penal prevé penas de prisión de seis
meses a un año y la suspensión de empleo y cargo público durante un
periodo de uno a tres años para toda autoridad o funcionario público
que, en beneficio propio o de un tercero , admita un regalo que se le
haya ofrecido en consideración a su cargo o función.
El segundo artículo prevé que los particulares puedan ser condenados a
las mismas penas de prisión y multa que la autoridad o funcionario
“corrompido” para ofrecer o entregar un don o retribución en
consideración a su cargo y función.
La Asociación Abogados Voluntarios 1-O de Reus ha presentado la
denuncia a la adscripción de Reus de la fiscalía de Tarragona. Ahora,
este órgano deberá decidir los pasos a seguir y si el caso se archiva o
se deriva a la fiscalía de Murcia.
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