CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que solicita que se abra un proceso de negociación con las entidades financieras, en colaboración con los Ayuntamientos de los municipios afectados por el 'apagón financiero', con el fin de buscar una fórmula legal que permita restablecer los servicios financieros en aquellos municipios afectados por el cierre de oficinas bancarias.
González Tovar denunció que recientemente cuatro municipios de la
Región se han quedado sin ninguna oficina bancaria. Los municipios que
han entrado en denominado 'apagón financiero', es decir, sin ninguna
sucursal de las entidades en las que sus vecinos tenían cuentas
bancarias son Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós (los tres situados
en el Valle de Ricote) y Albudeite, todos municipios con menos de 5.000
habitantes.
A estas poblaciones hay que sumar también cerca de una
veintena de pedanías de Lorca, de Murcia y alguna diputación de
Cartagena, "que en otros tiempos llegaron a tener una oficina de cada
una de las grandes instituciones financieras y poco a poco han visto
como progresivamente han ido cerrando".
El parlamentario socialista destacó que la peculiaridad que tienen
estos municipios es la alta población de personas con avanzada edad,
"que no tienen un dominio digital para operar a través de Internet y en
muchos caso no tienen posibilidades de desplazarse a otras localidades
para hacer los trámites bancarios".
En España hay 8.124 municipios y el 48% no cuenta con ninguna
sucursal bancaria. Entre 2008 y 2016 más de 17.000 oficinas bancarias
han cerrado sus puertas, lo que supone el 37% de la red.
"Actualmente
funcionan las mismas sucursales que en 1982, lo que supone retroceder
casi 36 años", señaló González Tovar.
La crisis de las cajas de Ahorro agudizó el problema. Los datos
revelan que alrededor de 1,13 millones de ciudadanos no tienen acceso a
una oficina en su lugar de residencia, un 20 % más que antes de la
crisis.
"Por ello, es necesario buscar una fórmula entre el Gobierno
regional, los municipios afectados y las entidades bancarias para
resolver el problema y recuperar el servicio financiero para evitar que
los vecinos tengan que desplazarse".
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