Menuda jornada la de ayer. Dos frentes
mediáticos en pleno zafarrancho de combate. El inenarrable episodio del
master de Cifuentes y el mazazo que la justicia alemana dio sobre la
calva del juez Llarena.
El
B155 recibió una tras otra. Los políticos enmudecieron o susurraron
algo sobre lo mucho que respetan las decisiones judiciales. Los
creadores de opinión, habitualmente parlanchines, callados como ostras.
Lo más radical del gentío pidiendo en las redes la salida de la UE. La
afrenta a la arrogancia española era gavísima.
Los
jueces alemanes niegan que haya rebelión y dejan en libertad bajo
fianza al MHP en espera de resolución definitiva. Más, si no hay
rebelión, menos hay "malversación", el otro delito imputado, cuenta
habida de que existen testimonios fehacientes (incluida una declaración
de M. Rajoy en sede parlamentaria) de que la Generalitat no empleó un
solo euro público en financiar el referéndum del 1-O. No hay causa.
Esto
obliga a reconocer que la justicia alemana marca las lindes de la
española, como es obvio de hecho en este caso y por exclusiva
responsabilidad de los tribunales españoles que han iniciado un proceso
anulado por los alemanes. Eso ya subleva a los fervorosos patriotas
habituales. Pero hay más.
La demarcación alemana afecta también al resto
del proceso. ¿O es de recibo que Junqueras, los Jordis, etc sean
condenados por rebelión cuando su jefe ni siquiera es procesado por
ello? Se dirá que es debido a la no extradición, pero lo cierto es que
los alemanes no reconocen la doble incriminación en este caso. Es arduo
sostener que lo que no es rebelión en Alemania lo sea en España. Y
fácilmente recurrible en órganos internacionales.
Como,
por otro lado, tampoco pueden haber cometido delito de malversación
pues el mismo gobierno la niega, solo queda el de sedición. El Tribunal
Supremo parece inclinado a considerarla como una rebelión en tono menor o
rebelioncilla, pero adolece del mismo vicio que la acusación de
rebelión, la que objeta la justicia alemana: la violencia. No hubo
violencia el 1-O ni ningún otro día. Es imposible demostrarla; ni mayor,
ni menor. Lo que se pueda construir a partir de ahora a base de guerra
sucia, infiltrados, provocaciones y provocadores, ya es otro cantar.
Pero en lo actuado hasta la fecha, violencia, cero.
No
hay causa. No hay causa jurídica, sino política, la posible vulneración
de derechos fundamentales a porrillo por la actuación de las
instituciones, incluidas las judiciales. Estas pueden decidir seguir
actuando por la vía penal, dictando inhabilitaciones del personal. Pero
tendrán que justificarlas invocando alguna causa que no sean las
convicciones independentistas de los inhabilitados. Entre tanto, el
presidente legítimo de la Generalitat es Carles Puigdemont.
A
estas alturas, es patente a ojos de todo el mundo que se trata de una
causa general contra el independentismo catalán. Algo en lo que ya están
interviniendo factores exteriores de distinta factura.
En
Bélgica se ha abierto una investigación sobre la posible actuación de
agentes secretos españoles que podrían haber puesto un geolocalizador en
el coche de Puigdemont. Otro asunto que explica por qué la justicia
belga ha puesto en libertad a los otros exiliados en Bruselas y, según
parece, hará la justicia escocesa con Clara Ponsatí. Ya se sabe que,
rascas un poco en Bélgica, y sale la leyenda negra.
Lo
de Suiza tiene una pinta similar. Las autoridades suizas han desmentido
que hayan solicitado la detención de Falciani, condenado en su país. Es
decir, el gobierno español (porque es el gobierno del 155 el que toma
aquí las decisiones, todas) detiene a Falciani por propia iniciativa. No
importa que haya colaborado con la policía, que España haya negado su
extradición. Ahora, al parecer se le detiene para dar a entender un
intercambio de rehenes: Falciani contra Rovira. Como en los tiempos
bárbaros.
Es difícil calificar el nivel moral de esta actitud. Como la
de filtrar a la prensa hace un par de días que España pensaba comprar 50
aviones a Alemania. Puigdemont contra 50 aviones. Además de inmunda, la
insinuación es falsa, porque no se trata de una compraventa directa
sino de una compra en común. Pero la bajeza de la filtración es
chocante.
Sobre el máster de Cifuentes, Palinuro no escribe porque apenas da crédito a lo que lee.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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