MADRID.-El
Pacto de Toledo alcanzó un acuerdo: es inviable volver a vincular
las pensiones «únicamente» al IPC. La salvedad, realizada por el
portavoz del PP y diputado por Alicante en la Comisión de Seguimiento
del Pacto, Gerardo Camps, deja la puerta abierta a la única opción para
lograr un futuro sostenible y predecible en el alza anual de las
pensiones más allá del mínimo 0,25% aprobado en la reforma de 2013: la
creación de un nuevo índice que tenga en cuenta el crecimiento económico
y del mercado laboral, entre otros posibles factores en los que también
podría tenerse en consideración la evolución de los precios, se escribe en La Razón.
Aunque
en el arranque de la reunión del Pacto los representantes de los
distintos grupos políticos se limitaron a atrincherarse en sus
posiciones, quedó patente que tanto PP como PSOE, Ciudadanos, PNV y
PDeCat están dispuestos a estudiar la creación de una nueva fórmula que,
en función de la situación económica, mantenga la recomendación segunda
del Pacto de Toledo: la defensa del mantenimiento del poder adquisitivo
de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la
adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del
sistema.
«Algunas posiciones han variado a lo
largo del día y se han ido modulando según se hablara de coyunturas
económicas favorables así que solicitaremos nuevas proyecciones para ver
su coste», indicó el portavoz popular al término de la comisión, que
volverá a reunirse dentro de dos semanas, cuando los distintos grupos
formularán sus propuestas sobre el nuevo índice el próximo día 20, unos
días después del pleno monográfico sobre las pensiones en el que se
espera que el presidente, Mariano Rajoy, realice algún anuncio para que
la capacidad adquisitiva de los pensionistas no pierda el 1,75% que la
actual revalorización plantea.
Aunque el actual
índice de revalorización (IRP) aprobado por el Gobierno en la ley
23/2013 ya tiene en consideración variables económicas, como el
crecimiento, la inflación o los ingresos por cotizaciones, lo hace
siempre en relación a la salud del sistema de la Seguridad Social y no
de forma aislada, con lo que el alza de los precios queda diluido.
El
actual IRP sin topes permite ajustar gradualmente los gastos a los
ingresos del sistema, pero no garantiza el mantenimiento del poder
adquisitivo a los pensionistas pese a fijar una revalorización mínima
anual del 0,25% y una máxima del IPC+0,5%.
El
actual índice da prioridad a la salud del sistema. El complejo cálculo
se realiza mediante lo siguientes factores: una media artimética de la
tasa de variación de los ingresos de la Seguridad Social de los últimos
once años, la tasa de variación del número de pensiones contributivas
del mismo periodo, el efecto sustitución (la variación interanual de la
pensión media del sistema en año de ausencia de revalorización) y un
componente de corrección del déficit del sistema para valorar la
velocidad de ajuste de los desequilibrios de la Seguridad Social.
Sin
embargo, dado el empeoramiento de la salud financiera del sistema de
pensiones (por el crecimiento del número de pensiones, por el
insuficiente crecimiento del ingreso por cotizaciones por el ajuste
salarial y el mantenimiento de mínimos exentos de cotización y por la
pérdida de los intereses que devengaba el Fondo de Reserva) el actual
índice se revela insuficiente para salvaguardar la revalorización de las
pensiones cuando el IPC se dispara.
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